El incumplimiento de los compromisos con el puerto podría tener graves consecuencias.

No se han cumplido tres meses desde que se llegó a un acuerdo para levantar el paro cívico que paralizó a Buenaventura durante 21 días y ya se empiezan a escuchar las quejas por la lentitud para implementar lo pactado.

Los compromisos asumidos por el presidente Juan Manuel Santos con Buenaventura ascienden a $1.5 billones, pero a este Gobierno le quedan solo once meses; si los recursos no quedan aforados y garantizados en plazos y desembolsos precisos, se corre el riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido tantas veces con el puerto vallecaucano, que se le incumpla, lo que podría desembocar en un paro igual o peor al anterior, con nefastas consecuencias no solo para los porteños sino para la economía nacional.

La gran pregunta en torno al tema es si los recursos comprometidos por el Gobierno Nacional serán o no incluidos en el presupuesto que estudia el Congreso de la República; ahí la bancada legislativa del Valle del Cauca tiene el gran reto y la obligación de velar por los intereses del puerto, no vaya a ser que, entre tanto recorte, los compromisos con Buenaventura queden pospuestos.

Por eso preocupa que se hable de la posibilidad de que el Instituto de Medicina Legal se vaya de Buenaventura y que la construcción de la doble calzada siga con problemas, pues son factores que ahondan los problemas del puerto vallecaucano.

El país no solo debe entender la importancia de Buenaventura en la economía nacional, sino que debe ser solidario con los porteños, por eso hay que hacerle seguimiento a los compromisos y exigir su cumplimiento.

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