Esta semana, una vez más, la Vía Panamericana estuvo bloqueada. Este año van cuatro bloqueos en este corredor, vital para el suroccidente de Colombia y para la comunicación terrestre con Ecuador. Es como si los taponamientos hicieran ya parte del paisaje de esta arteria.

En el 2023 hubo 30 bloqueos de la vía Panamericana en el Cauca, que dejaron pérdidas económicas estimadas en $80.000 millones. Ahora, en 2024, nos enfrentamos nuevamente a la misma problemática.

Es preocupante observar cómo en el Cauca, distintas comunidades parecen estar dispuestas a pasar por encima de los derechos de los demás para hacer demandas al gobierno nacional. La complejidad del tema se manifiesta claramente en el último bloqueo, donde comunidades afrodescendientes, en una especie de contraprotesta, cerraron el paso para exigir que no se reviertan derechos ya otorgados sobre tierras, pues comunidades indígenas se oponen a dichas concesiones.

Es incomprensible que quienes más bloquean esta vía para exigir más tierra se opongan a que otra comunidad étnica también acceda a estos beneficios. Todos pasen por encima de los derechos de todos. La Vía Panamericana, en lugar de ser un símbolo de integración y desarrollo, se ha convertido en un campo de batalla donde las tensiones étnicas y territoriales se desbordan.

Lo más preocupante es la repetitiva complacencia de los gobiernos ante estas presiones, validando el bloqueo como un método de presión para obtener concesiones. Gobierno tras gobierno, se ha cedido a demandas muchas veces imposibles de cumplir, alimentando una espiral de insatisfacción que lleva a más bloqueos.

La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo se permitirá que esta dinámica destructiva perdure? ¿Quién defenderá los derechos de las miles de personas afectadas por estos bloqueos?

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