Cali, abril 25 de 2026. Actualizado: viernes, abril 24, 2026 22:05

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Los ataques del gobierno al Banco de la República reabren debate sobre límites del poder

Los ataques al Banco de la República: Una señal peligrosa

El desacuerdo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Banco de la República por el aumento de tasas al 11,25% desató una serie de ataques contra la entidad, lo que encendió las alarmas sobre el respeto a su autonomía.

El punto de fondo no es la tasa de interés, sino la independencia de las instituciones. Colombia no es una dictadura y, por eso, ninguna entidad está obligada a alinearse con la posición del gobernante de turno.

En particular, el Banco de la República tiene un mandato constitucional claro: preservar el poder adquisitivo de la moneda mediante decisiones técnicas, no políticas.

En ese sentido, diversos analistas y exdirectivos advirtieron que la presión del gobierno erosiona la autonomía del banco central y debilita el equilibrio de poderes.

Además, este tipo de confrontaciones envía señales negativas a los mercados y afecta la confianza inversionista.

El choque con el Banco de la República no es un hecho aislado, sino parte de una tensión recurrente entre el presidente Gustavo Petro y los argumentos técnicos.

En su primer año, el gabinete incluyó perfiles altamente calificados, con trayectoria y reconocimiento en sus sectores, lo que generó expectativas de rigor en la toma de decisiones.

Sin embargo, con el paso de los meses, varios de esos funcionarios salieron o fueron apartados en medio de diferencias con la orientación política del gobierno, especialmente cuando sus análisis técnicos no coincidían con las posturas ideológicas del mandatario

La historia reciente ofrece lecciones claras. En países como Venezuela, la interferencia del gobierno en la política monetaria terminó por destruir la confianza en la moneda, el bolívar perdió su valor y la economía entró en una espiral de deterioro.

El debate sobre la política monetaria no puede ser ideológico, sino técnico.

La pregunta es si se respetará la autonomía o si se insistirá en forzar decisiones técnicas desde el poder.


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