En momentos en que el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en la necesidad de aumentar los impuestos y recurre incluso a la declaratoria de emergencia económica con el argumento de la falta de recursos, resulta imposible ignorar el contraste con los gastos que hoy están bajo cuestionamiento.

Según revelaciones periodísticas recientes, contratos autorizados desde RTVC para servicios audiovisuales vinculados a la Presidencia incluyeron pagos por fotógrafo y maquillador al servicio de la primera dama, dentro de una contratación que en total ronda los 23.000 millones de pesos, una cifra que por sí sola obliga a plantear una pregunta elemental: ¿cómo puede un gobierno que insiste en que no hay plata para atender asuntos prioritarios, como las inundaciones en Córdoba, justificar gastos que claramente no son importantes para el funcionamiento del Estado?

El problema no es la legalidad de los contratos, sino la señal que se envía al país. Cuando el gobierno les pide a los ciudadanos que paguen más impuestos, que acepten nuevas cargas y que entiendan las restricciones fiscales, está obligado, en primer lugar, a dar ejemplo de austeridad y de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Las finanzas son el resultado del esfuerzo de millones de colombianos que pagan impuestos esperando que esos recursos se traduzcan en salud, educación, seguridad e infraestructura; por lo tanto, cada peso que se destina a gastos innecesarios es un peso que deja de invertirse en las verdaderas prioridades del país.

No se puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras desde el poder se toleran gastos que no contribuyen al bienestar colectivo ni al fortalecimiento institucional.

La coherencia es un principio fundamental en la gestión pública. Sin ella, cualquier argumento sobre la necesidad de más recursos pierde credibilidad.

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