Las denuncias de supuestas irregularidades en contratos del Ocad Paz abren un gran interrogante sobre el manejo de los recursos públicos, precisamente en un momento en el que se anuncia que el nuevo gobierno nacional tramitará una reforma tributaria para recaudar entre $50 billones y $70 billones.

El Ocad Paz es un órgano colegiado responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación del acuerdo de paz; por lo tanto, los recursos que maneja deben ser destinados a los territorios más afectados por el conflicto.

Sin embargo, una investigación realizada por Blu Radio reveló un supuesto entramado montado entre funcionarios de la Contraloría y Planeación Nacional, así como congresistas, para cobrar comisiones ilegales a los alcaldes, de entre el 12% y el 15%, a cambio de aprobar recursos para sus municipios.

Este caso, por el que la Procuraduría General de la Nación adelanta 24 investigaciones, muestra hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción; lamentablemente, según lo denunciado, hasta miembros de un órgano de control encargado de supervisar el manejo de los recursos públicos habrían participado en el ilícito.

Son casi $500 mil millones en contratación los que podrían haber sido objeto de esta red de corrupción.

Surge, entonces, nuevamente una pregunta que ya hemos planteado en este espacio: ¿el Estado colombiano necesita más plata para funcionar e invertir o los ingresos actuales serían suficientes si no hubiera funcionarios corruptos que se los robaran?

El nuevo gobierno, en lugar de promover anticipadamente una reforma para aumentar los impuestos, debería tener como política prioritaria depurar todas las entidades y adelantar una cruzada anticorrupción.

De lo contrario, no habrá plata que alcance y las reformas tributarias serán banquetes para los corruptos.

Foto: Pixabay

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