El reciente atentado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, que dejó siete muertos y más de 60 heridos, es un golpe doloroso que desnuda el nivel de amenaza al que está sometida Cali.

Más allá de la tragedia, la ciudadanía reclama lo evidente: la presencia de la Fuerza Pública en las calles no puede ser un anuncio pasajero, sino una realidad visible y permanente.

Colombia enfrenta un problema estructural de capacidad frente al crecimiento de las organizaciones criminales.

La decisión del gobierno nacional de recortar en un 47% el presupuesto de la Fuerza Pública este año debilitó aún más una institución que ya enfrentaba dificultades logísticas.

Hoy hay patrullas sin combustible, vehículos sin seguros y limitaciones para atender con eficacia las amenazas.

Este desfinanciamiento explica en parte por qué, incluso después de un ataque de semejante magnitud, la reacción no se traduce en un despliegue sostenido y contundente en la ciudad.

Los grupos criminales han alcanzado un nivel de poder y de control territorial que les permite mover cargas explosivas desde el Cauca hasta Cali sin ser detectados.

Esa capacidad es resultado de concesiones políticas y de la falta de contundencia estatal, y el costo lo terminan pagando los ciudadanos, que quedan a merced del miedo y la zozobra.

En este contexto, el reto es claro: la seguridad debe dejar de ser un discurso y convertirse en acción visible.

Los caleños necesitan ver a la Fuerza Pública en sus calles, sentir que hay protección real y sostenida, y no una reacción pasajera, pero se requiere del respaldo decidido del gobierno nacional.

Si se baja la guardia, los criminales volverán a golpear.

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