La tragedia ambiental del Casanare, donde se calcula que han muerto al menos 20 mil animales por cuenta de una intensa sequía que lleva casi tres meses, comprueba dos cosas: la primera, que el cambio climático es una realidad en Colombia, y, la segunda, que el Gobierno Nacional no ha hecho nada concreto por preparar al país para enfrentar los efectos del calentamiento global y menos para detener el deterioro de los recursos naturales.

¿Cómo es posible que algo como lo que está ocurriendo en los llanos orientales no fuera previsto por el Gobierno Nacional y se adoptaran medidas para evitar esta catástrofe? Si bien se trata de un fenómeno natural, no es nada nuevo ni una sorpresa, el registro dantesco de la mortandad de chigüiros, peces, reses y venados en Casanare no es más que la crónica de una muerte anunciada que las autoridades, con el Ministerio de Medio Ambiente a la cabeza, pudieron evitar, pero no lo hicieron.

Ahora corren la Dirección General del Riesgo y de la Consejería para las Regiones a enviar carrotanques con agua a esta región del país y la Fiscalía anuncia sus consabidas investigaciones exhaustivas, sin que se diga qué se hará de fondo para evitar que el problema avance y las llanuras colombianas terminen como las planicies africanas. El problema no es sólo de falta de pozos, es de pérdida de la reserva forestal por cuenta de la explotación irresponsable de los recursos naturales. ¿Quién controla para que haya un aprovechamiento equilibrado, amigable con el medio ambiente?
Lo que está ocurriendo en Casanare debe servir para que en el Valle del Cauca y otras regiones de agricultura y/o ganadería intensiva, por más oferta hídrica que tengan, se tomen medidas para evitar otra tragedia ambiental y, sobre todo, para que autoridades y ciudadanía dejen de ver el cambio climático como algo lejano en el tiempo y la distancia, porque ya no es una predicción fatalista, sino una realidad apocalíptica.

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