Si el Estado sigue siendo tan débil, las bandas criminales coparán los espacios que dejen las guerrillas.

El paro armado “decretado” por el clan Úsuga en buena parte del territorio nacional lleva a preguntar qué tanto poder tienen las llamadas bandas criminales, pues la percepción sugiere que estas agrupaciones al margen de la ley han venido creciendo y ganando espacios.

Ahora que el Gobierno Nacional adelanta procesos de paz con dos guerrillas preocupa que, de concretarse estas negociaciones, los espacios que deje la subversión en el mundo del crimen sean ocupados por las bandas criminales y que, en unos años, el Estado colombiano tenga que entrar en una nueva negociación, esta vez con estas organizaciones.

Con lo débil que se muestra el Gobierno frente a estas bandas, pues así lo prueba su crecimiento, no es exagerado pensar que se está formando un monstruo de siete cabezas que ya maneja buena parte del narcotráfico, el secuestro, las extorsiones y la minería ilegal del país y que garantizaría la continuidad de estas actividades ilegales si las Farc y el ELN finalmente las dejan.

Solo si el Estado asume una posición fuerte, podrá evitar que esta lógica criminal se imponga, o, de lo contrario, se la pasará de negociación en negociación con los sucesores de los sucesores. Así como se está buscando una salida política con las guerrillas, se debe tener la misma determinación para enfrentar a todas aquellas organizaciones al margen de la ley que están por fuera de las negociaciones de paz.

Si se logra por la vía negociada la desmovilización de las Farc y el ELN, pero no se hace nada para evitar que más actores violentos se fortalezcan, los proceso de paz serán un esfuerzo perdido.

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