El anuncio del presidente Gustavo Petro de llevar ante las Naciones Unidas la supuesta renuencia del Estado colombiano para cumplir con los compromisos del acuerdo de paz con las Farc, plantea interrogantes sobre la coherencia y la responsabilidad de su gobierno en la materia.

Es innegable que la implementación de los acuerdos de paz ha enfrentado obstáculos. Sin embargo, lo primero que se debe aclarar es que la responsabilidad primordial recae sobre el gobierno nacional, liderado desde hace 20 meses por el mismo presidente que ahora pretende denunciar la falta de cumplimiento ante la comunidad internacional.

Por ejemplo, la transformación de los territorios y la ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial, puntos contenidos en el acuerdo, son responsabilidades directas del ejecutivo.

¿Qué tiene que ver entidades internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU con esto?

Resulta preocupante y muy difícil de entender que, en lugar de asumir la responsabilidad y buscar soluciones internas que permitan agilizar la implementación del acuerdo de paz, el presidente opte por una estrategia que deja mal parado al país y principalmente a su gobierno.

La decisión de Petro de acudir a la ONU y declarar que el Estado colombiano no está cumpliendo con la implementación de los acuerdos de paz equivale, en última instancia, a reconocer el fracaso de su propio gobierno en esta materia, pues estaría efectivamente señalando que su administración no ha logrado cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales y bandera de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño: garantizar la paz.

Si bien es legítimo buscar apoyo internacional en la implementación de acuerdos de paz, es fundamental que el Gobierno colombiano asuma su responsabilidad primordial en este proceso.

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