Uno de los mayores daños que deja el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro no solo está en el deterioro de la seguridad, sino también en el mensaje que durante cuatro años transmitió frente al delito.

Poco a poco se fue instalando una narrativa en la que el criminal dejó de ser visto como responsable de sus actos para convertirse, casi siempre, en una víctima de las circunstancias.

Esa visión terminó permeando buena parte de la política de seguridad.

Mientras las organizaciones criminales crecían en hombres, control territorial y capacidad de intimidación, el discurso oficial insistía en comprender más a los delincuentes que a sus víctimas.

Los ejemplos abundan. Quedó para la historia la desafortunada afirmación del presidente Petro cuando intentó justificar a quienes roban celulares diciendo que lo hacen “por amor”.

También la decisión de convertir en gestores de paz a cabecillas de organizaciones criminales y la política de pagar mensualmente a jóvenes para que dejaran de delinquir, enviando un mensaje profundamente equivocado: que el Estado remunera a quien amenaza con hacer daño para que simplemente deje de hacerlo.

Ese no puede ser el modelo de una sociedad que aspira a vivir en paz.

La consecuencia fue evidente. En muchas regiones del país la percepción de inseguridad aumentó, las organizaciones criminales se fortalecieron y millones de ciudadanos sintieron que el Estado parecía más preocupado por garantizar la tranquilidad de los delincuentes que por proteger a quienes cumplen la ley.

Por eso resulta incomprensible que desde el petrismo hoy se cuestionen varias de las propuestas de seguridad con las que fue elegido el presidente Abelardo de la Espriella.

Se critica la construcción de megacárceles, la conformación de un bloque de seguridad urbana y el anuncio de bombardeos contra campamentos de organizaciones criminales.

La pregunta es inevitable: ¿por qué oponerse a herramientas que buscan recuperar el control del Estado y proteger a los ciudadanos de quienes asesinan, secuestran, extorsionan y siembran el terror?

En una democracia, la autoridad no puede avergonzarse de ejercer la autoridad.

La Fuerza Pública existe para proteger a los ciudadanos, la justicia para sancionar a quienes violan la ley y las cárceles para recluir a quienes representan un peligro para la sociedad.

El principio debe volver a ser sencillo: quien decide delinquir debe asumir las consecuencias de sus actos. El que no quiera terminar en una megacárcel, que no delinca.

Eso no significa renunciar al respeto por los derechos humanos. Significa recuperar el principio básico sobre el cual se construye cualquier Estado de derecho: la ley protege a los ciudadanos y sanciona a quienes la violan.

En ese sentido, uno de los principales retos del nuevo gobierno será revertir la peligrosa normalización del delito que se incubó durante los últimos cuatro años y restablecer la confianza de los colombianos en sus instituciones de seguridad y justicia.

Porque Colombia necesita volver a un principio elemental que nunca debió perderse: la prioridad del Estado debe ser la seguridad de los ciudadanos, no la tranquilidad de los bandidos.

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