El paro camionero que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro es un desafío complejo que pone a prueba la capacidad de negociación del presidente y su coherencia política.

Resulta paradójico observar cómo, desde la oposición, Petro y muchos de sus colaboradores eran acérrimos críticos de los aumentos en el precio de los combustibles y defensores fervientes de las protestas en su contra, pero ahora, desde el poder, la situación ha cambiado dramáticamente.

El presidente Petro trata de presentar este paro como parte de un plan de la oposición para desestabilizar su gobierno.

Sin embargo, esta postura es insostenible, pues todos los gobiernos han tenido que lidiar con paros de transportadores. El gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, enfrentó un paro de 38 días.

También preocupa la actitud del presidente al estigmatizar a los transportadores, con insinuaciones que equiparan al gremio con un organismo mafioso, mientras que su Ministerio de Transporte intenta negociar.

Petro, que antes alentaba las protestas, ahora ataca a quienes protestan contra él. Esta estrategia de descalificación y agresión no solo es incoherente, sino también contraproducente, pues, al satanizar a quienes lo contradicen, el mandatario dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos y soluciones.

El transporte de carga es vital para la economía del país, y este paro afecta tanto a grandes transportadores como a pequeños propietarios.

La prolongación de esta situación ya genera escasez de alimentos, y los más perjudicados serán precisamente los más pobres, aquellos que Petro afirma querer proteger, porque el aumento del precio del ACPM en $6.000 pesos disparará el costo de todos los productos transportados por tierra, especialmente la comida.

A los transportadores, aunque se entiende su molestia, hay que pedirles que protesten sin bloquear, que paren, si quieren, pero que no recurran a vías de hecho que causan graves afectaciones. Es urgente que se logre un acuerdo rápido.

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