Durante 2022 se registraron en Colombia 92 masacres, y en los primeros 5 meses de este año, hasta el 31 de mayo, iban 40. Se trata, sin duda, de un flagelo que está en aumento y frente al cual el gobierno del presidente Gustavo Petro parece inactivo, pues su posición frente a los grupos armados ilegales y demás organizaciones criminales facilita el accionar de los autores de este tipo de crímenes.

De manera paradójica, los actuales líderes del gobierno nacional, quienes solían denunciar de manera constante las masacres y criticar duramente al Estado por su falta de acción preventiva durante gobiernos anteriores, ahora guardan un sorprendente silencio sobre este tema.

Contrario a lo esperado por el electorado cuya indignación fue exacerbada, con el cambio de gobierno, en lugar de disminuir, las masacres aumentaron.

El recrudecimiento de las masacres coincide con las propuestas realizadas por el presidente Gustavo Petro en el marco de la llamada “paz total”, ofreciendo concesiones a los grupos responsables de este tipo de crímenes. Aunque los asesinatos múltiples no son algo nuevo en nuestro país, parece que las guerrillas y otras bandas aprovechan la coyuntura para fortalecer su posición y justificar concesiones judiciales que aspiran obtener.

Más preocupante aún es que, a medida que los criminales aumentan su violencia, la inacción de la Fuerza Pública, motivada por la denominada “política de seguridad humana”, sea cada vez más evidente.

Si el presidente Gustavo Petro no asume el control de la seguridad, el país quedará en manos del crimen. Desde hace 9 meses la seguridad nacional, al igual que todos los problemas del país, son su responsabilidad y, por lo tanto, debe contener a los violentos, independientemente de la supuesta ideología que estos profesen.

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