Cali, noviembre 6 de 2025. Actualizado: jueves, noviembre 6, 2025 16:19
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Por: Rosa María Agudelo – Directora Diario Occidente
He pasado 35 años contando este país. He visto pasar gobiernos, planes y reformas.
Pero aún no logramos lo más difícil: pensar más allá de un periodo presidencial, construir una visión compartida y sostenerla en el tiempo.
En los últimos dos años, Colombia ha debatido reformas en casi todos los frentes: pensiones, salud, trabajo, educación y política.
Pero más que avances, lo que se ha profundizado es la polarización.
La falta de consensos, el debilitamiento del liderazgo político y la fragmentación del debate han paralizado decisiones clave y erosionado la confianza ciudadana.
Colombia es experta en diagnósticos. Sabemos cuáles son nuestras brechas, qué territorios hemos dejado atrás, y qué reformas hacen falta. Lo que no hemos conseguido es una hoja de ruta común, con metas claras, continuidad institucional y capacidad de ejecución.
El documento Visión Colombia 2050 fue elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y presentado en 2022 como una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo del país.
Su construcción se basó en un enfoque prospectivo, participativo y multisectorial que incluyó expertos del sector público y privado, la academia, organizaciones sociales y ciudadanía.
A través de talleres, mesas técnicas, encuestas y análisis de tendencias globales, se formularon escenarios y metas concretas en áreas clave. Esta visión no pretende predecir el futuro, sino definir hacia dónde queremos ir como nación y qué transformaciones estructurales debemos emprender para lograrlo.
El documento Visión Colombia 2050 propone metas ambiciosas pero ninguna de estas se alcanzará sin acuerdos de largo aliento, decisiones responsables y voluntad política que trascienda ideologías.
Mi mayor reto como periodista es tratar de entender las problemáticas sin tomar una posición. En general hago el esfuerzo de entender el contexto, ver miradas a favor, en contra y tratar de visualizar el futuro deseable.
En este segmento trato de hacerlo integrando las reformas que ha intentado impulsar el gobierno de Gustavo Petro con el estudio Colombia 2050.
Colombia alcanzó una cobertura casi universal en salud: más del 98% de la población está afiliada. Un logro innegable en las estadísticas, pero que contrasta con la experiencia cotidiana de millones de pacientes que enfrentan barreras, demoras, trámites y una calidad desigual según el lugar donde vivan.
En 2024, el gobierno intentó transformar el sistema d pero lo que logró fue una crisis sin precedentes y una de sus peores derrotas legislativas.
El modelo creado por la Ley 100 de 1993 estableció un esquema mixto donde las Entidades Promotoras de Salud (EPS) gestionan los recursos y la atención.
El resultado: cobertura amplia, pero con graves fallas. La fragmentación de servicios, la concentración urbana, la debilidad de la atención primaria y la crisis financiera de muchas EPS.
Las múltiples liquidaciones (Coomeva, Medimás, Convida) e intervenciones han afectado a millones de usuarios. La intervención estatal a EPS como Nueva EPS y Sanitas, en abril de 2024, mostró la fragilidad del sistema incluso en sus operadores más fuertes.
La propuesta del gobierno Petro planteaba eliminar la intermediación financiera de las EPS, centralizar el manejo de recursos en la ADRES, crear Centros de Atención Primaria en todo el país y asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores de la salud.
También proponía regionalizar la prestación de servicios y establecer vigilancia ciudadana.
El documento Visión Colombia 2050 plantea un sistema de “sanidad de calidad, centrado en la prevención, con cobertura universal y sostenibilidad financiera”.
El reto no es solo técnico. Es político. Reformar la salud exige un pacto social amplio y sostenido. Lo que no logramos en 2023-2024, deberá retomarse con más acuerdos y menos polarización.
Porque para 2050, la salud será aún más crítica en un país con más adultos mayores, más enfermedades crónicas y más exigencias ciudadanas.
Solo uno de cada tres adultos mayores recibe una pensión contributiva. El resto sobrevive con ayudas mínimas o sin ningún ingreso. En 2024, el Congreso aprobó la reforma pensional más ambiciosa de los últimos 30 años. Pero sus efectos aún están por verse.
El sistema dual establecido por la Ley 100 de 1993 generó problemas financieros estructurales. Colpensiones, el régimen público, concentra al 84% de los pensionados, pero solo recibe el 26% de los cotizantes.
Los fondos privados, con el 74% de los afiliados, otorgan pensiones a una minoría, y no siempre suficientes. Mientras tanto, el Estado destina cerca de 18 billones de pesos anuales para subsidiar pensiones altas, muchas de ellas de antiguos funcionarios públicos.
La reforma aprobada en 2024 crea un modelo de pilares:
Se creó además un fondo público de ahorro, administrado por el Banco de la República, para proteger los recursos y garantizar su uso exclusivo en pensiones.
El envejecimiento demográfico es una certeza: para 2050, más del 21% de la población tendrá más de 65 años. Si no se garantiza sostenibilidad financiera y cobertura amplia, el sistema podría volver a colapsar.
La Visión Colombia 2050 propone un modelo de protección social universal, justo y sostenible.
La vejez digna como derecho seguirá siendo uno de los mayores desafíos del país en las próximas décadas.
Tras años de intentos fallidos, Colombia aprobó en 2025 una polémica reforma laboral. Tras ser hundida, el Congreso la “revivió” luego de que el presidente anunciara una posible consulta popular sobre el tema, presionando un acuerdo político de última hora.
La informalidad afecta al 54% de los trabajadores, según cifras de 2020 citadas en la Visión Colombia 2050. Es decir, millones de personas laboran sin seguridad social, pensión ni estabilidad.
El desempleo también se mantiene alto (13.7% en 2021) y estructural, con una brecha de género persistente y barreras adicionales para jóvenes, mujeres y poblaciones rurales.
La legislación laboral, basada en la Ley 789 de 2002, flexibilizó las condiciones de contratación para promover el empleo, pero sus efectos fueron limitados. Se ampliaron las jornadas, se fomentaron formas precarias como los contratos por prestación de servicios o las cooperativas laborales, pero la informalidad no cedió. Tampoco se redujo el desempleo.
La reforma laboral, aprobada en junio de 2025, introdujo cinco cambios esenciales:
La Visión Colombia 2050 plantea reducir la informalidad al 19% y llevar el desempleo al 5%. Pero alcanzar esas metas requiere algo más que cambios normativos.
Sin una reforma integral, Colombia corre el riesgo de enfrentar una doble trampa: una informalidad estructural que perpetúa la desigualdad, y una disrupción tecnológica que dejará atrás a quienes no se adapten.
El futuro de un país se escribe en sus aulas. Pero en Colombia, la promesa de una educación transformadora sigue siendo más aspiración que realidad. La reforma educativa, centrada en la financiación universitaria, está en trámite desde 2024, pero aún no aborda de forma integral los retos de fondo.
Las cifras son elocuentes. El promedio de años de escolaridad de los colombianos mayores de 15 años es de apenas 9,3 años.
Solo 13 de cada 100 jóvenes culminan estudios superiores, y más del 39% de los estudiantes obtiene un desempeño bajo en pruebas internacionales como PISA. La brecha entre la educación pública y privada persiste, así como entre zonas urbanas y rurales.
El sistema arrastra déficits de calidad, infraestructura, formación docente y pertinencia curricular.
A esto se suma una desconexión creciente entre la educación y el mundo del trabajo, y una brecha digital que amenaza con profundizar la exclusión.
La principal iniciativa legislativa actual es la reforma a la Ley 30 de 1992, enfocada en mejorar el financiamiento de las universidades públicas. Se busca garantizar gratuidad, ampliar cobertura y modernizar el sistema de educación superior.
Paralelamente, el gobierno y sectores académicos han planteado propuestas complementarias como:
La meta es ambiciosa: alcanzar un promedio de 13 años de educación, reducir al 13% los estudiantes con bajo desempeño en PISA, y lograr que la educación pública tenga una calidad comparable a la de la OCDE.
La educación en 2050 no puede seguir formando para un mundo que ya no existe. Necesitamos un sistema flexible, inclusivo, tecnológico y conectado con los desafíos reales del país.
Lo contrario sería perpetuar las brechas que hoy intentamos cerrar.
Colombia no solo necesita nuevas leyes. Necesita nuevas reglas del juego. La desconfianza en las instituciones, el clientelismo persistente, la baja representación de jóvenes y mujeres, y la fragmentación de los partidos reflejan una democracia que funciona, pero no convence.
La reforma política, presentada en dos ocasiones por el Gobierno entre 2023 y 2024, no logró avanzar. Y con su hundimiento, el país aplazó nuevamente un debate impostergable.
La política colombiana arrastra problemas estructurales. Los partidos perdieron identidad programática y se convirtieron en maquinarias electorales.
La corrupción en la contratación y el uso de recursos públicos ha debilitado la legitimidad institucional. Las listas, sin paridad ni equidad territorial, refuerzan liderazgos personalistas y poco transparentes.
Además, la baja participación de jóvenes y mujeres refleja un sistema que excluye. Aunque el 51% de la población es femenina, las mujeres ocupan menos del 30% de los cargos de elección. Y en regiones periféricas, el acceso real al poder es aún más limitado.
El gobierno intentó impulsar una reforma centrada en:
Sin embargo, el proyecto fue retirado en 2023 por falta de apoyo y se hundió definitivamente en 2024 en la Comisión Primera del Senado.
La Visión Colombia 2050 no habla solo de desarrollo económico. Plantea también la necesidad de consolidar un contrato social incluyente, con instituciones legítimas, representativas y abiertas a la participación ciudadana.
Una democracia no se mide solo por elecciones libres. Se mide por su capacidad de representar, incluir y transformar. En 2050, Colombia debe ser un país donde la política inspire confianza, convoque a los mejores y esté al servicio del bien común. Aún no estamos ahí pero aún estamos a tiempo.
Colombia es, sin duda, un país profundamente desigual. Un país donde las condiciones de vida, las oportunidades y el acceso a los derechos dependen del lugar donde se nace, del género, del color de piel o del estrato.
Lo he repetido muchas veces: vamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco.
Las reformas que necesita Colombia deben partir de una verdad incómoda: la urgencia de cerrar brechas. Pero no podemos hacerlo a cualquier costo.
No puede ser sin bases técnicas rigurosas, ni con propuestas improvisadas que comprometan la sostenibilidad del país o terminen ahondando los problemas que dicen querer resolver.
Tampoco puede hacerse desde la división. No saldremos adelante enfrentando a unos contra otros, entre sectores sociales, entre regiones, entre generaciones.
Si seguimos fracturando el tejido social en nombre del cambio, lo único que cambiaremos será la profundidad del abismo que nos separa.
Victor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz y escribió desde el dolor más profundo, decía que “cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”.
Quizás ese sea el verdadero reto de Colombia 2050: cambiar nuestras formas de dialogar, de proponer, de construir país. Abandonar el péndulo entre reformas imposibles y miedos paralizantes.
Pensar el futuro sin trincheras. Si algo necesita Colombia para avanzar es visión compartida, responsabilidad técnica y un nuevo pacto ciudadano. Porque ningún país se transforma solo desde el Estado.
Se transforma cuando sus ciudadanos, sus líderes y sus instituciones deciden remar hacia el mismo horizonte, incluso si van en barcos distintos.
Este proyecto es una mirada al pasado, al presente y al futuro de Colombia a través de la experiencia periodística. A través de estas crónicas, busco no solo recordar, sino entender las lecciones que el tiempo nos ha dejado.
Porque el periodismo no es solo contar la historia, sino cuestionarla y, en ocasiones, desafiarla.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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