Es una comunidad indígena de especial protección que habita la cuenca del bajo San Juan ubicada entre los departamentos del Valle y Chocó, ésta, como muchas, se encuentra en el vórtice de la violencia que ha venido asolando esta zona del Pacífico colombiano.
Desde el año pasado se viene produciendo un copioso proceso de desplazamiento, motivado por presión de grupos ilegales dedicados a la minería ilegal, narcotráfico, deforestación de especies nativas con fines comerciales y en general a actividades criminales; sin duda la ausencia del Estado ha favorecido la operación ilegal de los verdugos y el desplazamiento y victimización de esta comunidad en riesgo de desaparecer.
Cerca de 800 indígenas se encuentran en condiciones deplorables en el coliseo Cristales del distrito de Buenaventura y otro grupo menor está diseminado en sus comunas más pobres.
Esta razón humanitaria, en lo fundamental, y otra de orden político, al considerar el retorno su mejor opción, nos hace responsables de buscar -junto a sus dirigentes e instituciones competentes- salidas a su difícil situación construyendo la posibilidad de un proceso de retorno; importante precisar que este proceso se realizará solo si existen condiciones favorables de seguridad, si se adelanta en condiciones de dignidad y se cuenta con la anuencia de la comunidad desplazada.
El avance del proceso de paz en Colombia debería convertir los procesos de retorno con garantías en una de las principales herramientas del Gobierno para el resarcimiento de los derechos conculcados a nuestros connacionales en esta larga noche de violencia desalmada.
Aspiramos lograrlo, para ello, en una comisión humanitaria recorreremos esta semana su hermosa, verde y sufrida geografía con el ánimo de verificar que hayan las condiciones para que retornen a sus lugares de origen, de donde nunca quisieron salir.
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