Víctimas del presupuesto

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas ha dicho que no hay dinero para el cumplimiento de la ley.

La comisión calcula que hay un faltante de 33,6 billones de pesos para garantizarle a las víctimas sus derechos de indemnización y vivienda y que los recursos destinados para la reparación integral, se han estancado en niveles cercanos al 2% del Presupuesto General de la Nación, desde hace 5 años.

En respuesta, el Gobierno Nacional ha dicho que cuando se proyectó la ley 1448, en el 2011, había alrededor  de 4 millones de víctimas y hoy esta cifra alcanza 7,3 millones de personas. Sumado a esto, afirmó que al inicio de la implementación de la ley, sólo se permitían las indemnizaciones para afectados por hechos distintos al desplazamiento. Sin embargo, años después, a través de un fallo de la Corte Constitucional, se ordenó indemnizar también a todos aquellos que fueron expulsados de sus territorios, generando un costo adicional para su financiación.

Desde el 2004, la Corte Constitucional se vio obligada a declarar el Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. La situación, persiste. Así le impone al Gobierno la obligación de materializar el goce de derechos de la población víctima de desplazamiento forzado a través de las apropiaciones presupuestales necesarias; so pena de sancionar el desacato de los funcionarios del alto gobierno al mandato judicial. En este marco, podría declararse la inconstitucionalidad del Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobierno Nacional ha dicho en repetidas ocasiones que está en capacidad de financiar el costo del postconflicto. Ese compromiso debe extenderse a cumplirle también a las víctimas, pues son ellas la pieza más importante de este proceso de paz.

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