La informalidad es un fenómeno que va más allá de la sola ocupación del espacio público, hay elementos de fondo que deben llevar a revisar la forma en que se están pensando las políticas públicas para mitigar y resolver esa situación en nuestra ciudad.

Un vistazo al panorama de Cali refleja que el 46% de la fuerza laboral de la ciudad se encuentra en la informalidad; es decir, 15 mil personas, en donde el 55% de éstas son mujeres.

Luego, si se revisa dónde vive esta población, encontramos que el 36% son del oriente de la ciudad, zona en la que hay altos niveles de desempleo, dificultad para acceder a educación y otro tipo de servicios; en otras palabras, es donde tenemos a los caleños más vulnerables.

Por eso, reitero, esto va más más allá de la ocupación de la vía pública, detrás hay un tema social asociado a la vulnerabilidad y la pobreza, así como a la calidad del empleo y los beneficios a los cuales es imposible acceder por esa condición, como ocurre con las prestaciones sociales, el aseguramiento de un futuro digno a través de la cotización a pensión o la protección ante accidentes gracias a la ARL.

Este tipo de situaciones representan un reto para las entidades territoriales y nacionales, porque están en mora de innovar en la forma de abordar este fenómeno, más si se tiene en cuenta que, según el Observatorio de Desarrollo Económico de Cali, las mujeres cabeza de hogar, tienen en promedio a dos personas a su cargo.

Por eso, algo que puede ayudar a mitigar las consecuencias de la informalidad es la creación de un modelo de protección social pensado en los informales y en el tipo de riesgo corren en la calle, porque puede evitar que quien se accidente entre automáticamente a la pobreza, por la suspensión de la actividad económica.

Esto deberá estar articulado con iniciativas de distintos sectores.

Por ejemplo, desde el privado, se puede crear y ofrecer un sistema de bancarización, casi que personalizado, con base al nivel de ingresos diarios de los informales y facilitarles el acceso a microcréditos, para que éstos no acudan a los ‘gota a gota’ a la hora de hacer crecer su negocio o cubrir gastos específicos.

Desde la institucionalidad, en Cali, se han hecho avances frente a este tema, pues contamos con una Política Pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público, así como la caracterización de los mismos, lo que permite tener datos actualizados para la implementación de iniciativas aterrizadas.

Sin embargo, ha faltado más decisión e innovación por parte de las Administraciones para transformar esa realidad y lograr sumarnos y liderar en iniciativas que desde ya se vienen hablando en ciudades principales como Bogotá con el sistema de protección con el objetivo de encontrar mejores condiciones de vida para este grupo poblacional.

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