El manejo que le ha dado el Gobierno del presidente Santos al fallo de la Corte Internacional de Justicia, que tanto afecta los intereses de Colombia y de los habitantes de San Andrés, es lamentable.
Si bien, que eso haya ocurrido es atribuible a que la CIJ acudió a un criterio que nunca había aplicado, con lo cual modificó, en la práctica, el derecho aplicable en detrimento de Colombia, el primer pronunciamiento de Santos careció de norte y solidez. Quiso prenderle una vela a Dios y otra al diablo.
Con la tesis, inexistente a la luz del Estatuto de la Corte, de la aplicación condicionada de la decisión, pretendió mostrarse, cosa que no logró, como respetuoso del derecho internacional y, al mismo tiempo, quiso edificar la imagen de campeón de la defensa de la soberanía nacional, lo cual no consiguió.
Lo que está previsto es la posibilidad de solicitar la interpretación de un fallo por una de las partes, cuando exista discrepancia con su contenido, o la revisión , si aparecen hechos nuevos.
Está, incluso, determinado el mecanismo al que puede acudir la parte favorecida por el pronunciamiento, cuando la otra no lo cumple. Pero, es claro que las providencias son inapelables.
Mientras tanto, Nicaragua ha seguido dando pasos en contra de los intereses de nuestro país: se dirigió a la comisión de límites de la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Presentó otra demanda ante la CIJ. Expidió un decreto para señalar las líneas de base rectas, a partir de las cuales se miden sus áreas marinas. Y, como si fuera poco, acudió nuevamente al tribunal de La Haya, con la petición de que se pronuncie contra Colombia por el irrespeto del fallo a su favor.
Nicaragua está buscando que se le reconozca una plataforma continental de 350 millas, que llegaría hasta el frente de nuestra costa en el Caribe. Frente a tamaño absurdo estamos obligados a obrar con decisión, prontitud y eficacia.
No se puede perder más tiempo, ¡usted debe actuar, señor Presidente!
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