Mario Germán Fernández De Soto

Un Ministerio para la seguridad ciudadana

Mario Germán Fernández De Soto

Según cifras del Centro de Memoria Histórica entre los años 1958 y 2012 el conflicto armado en Colombia causó la muerte de 218.094 personas de las cuales paradójicamente el 19 % fueron combatientes y el 81% eran civiles. De la misma manera entre 2010 y 2018 el Presidente Duque dice que se presentaron 189 asesinatos colectivos y de 2019 hasta la fecha se han perpetrado 34 masacres; aunque las cifras se discuten con otras entidades de derechos humanos por cuanto hacen falta esclarecer circunstancias y hechos delictivos ocurridos en algunas de ellas.

Lo que sí es cierto, es que el país sigue siendo escenario de la escalofriante muerte de adultos, jóvenes y menores en donde se denota la crueldad y la barbarie que estamos viviendo. Atentados criminales contra líderes sociales, ambientalistas y sindicales acallando a sectores poblacionales que abogan por la defensa de la vida, el medio ambiente y los derechos sociales y humanos.

Al mismo tiempo, cuando la nación no se repone de un homicidio colectivo se denuncia de una nueva masacre en hechos de sevicia que demuestra el alto grado de confrontación entre distintos grupos al margen de la ley en disputa por el control territorial para el cultivo y tráfico de estupefacientes o para la explotación ilegal de nuestros recursos naturales.

Mientras tanto, el Mindefensa plantea la creación de una Unidad Especial de Identificación, ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos frente al reclamo justo de familiares y pobladores de una justicia pronta y efectiva.

Parece que la violencia crece cada vez más en nuestros territorios y las autoridades civiles y militares están desconcertada e impotentes ante semejante atrocidad. Por ello, creo que lo que se necesita es implantar en el país una política de estado que opere sobre todos los territorios que no sólo neutralice a las organizaciones delincuenciales que controlan de manera ilegítima una zona ; sino que implemente programas de desarrollo social integral acompañado de educación técnica y tecnológica de acuerdo con su vocación y beneficios que formen a niños y jóvenes en valores para una nueva convivencia y formación ciudadana.

Una política de seguridad territorial fundamentada en la seguridad ciudadana integral que se preocupe en primer lugar por la integridad de los ciudadanos. Que interprete los anhelos de las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y raizales para erradicar los factores de violencia y acabar con la ” falsa cultura del dinero fácil “.

Con inversión social e incentivos a la producción que garantice economías para la agroindustria, el comercio y la explotación legal hidrocarburos formalizando y mejorando la sostenibilidad de proyectos a los pequeños y medianos productores. El Estado Colombiano tiene que innovar en la generación de ingresos productivos y ganarle la batalla a la ” economía de la coca”.

Es necesario una entidad que articule a la Policía Nacional, la Fiscalía general de la Nación, los organismos de Inteligencia para asumir con eficacia y decisión la protección de los líderes sociales y de las personas que representan a la comunidad; que lleven igualmente programas sociales apropiados a los territorios para adultos mayores, jóvenes y niños; que también promuevan la instrucción técnica a través de Centros de Formación del Sena; que fortalezcan la unidad familiar a través de formadores del I.C.B.F ; es decir, requerimos de un ente que articule las acciones institucionales, desde la presencia del Estado con toda su legitimidad militar y de protección ciudadana como el aparato institucional para tratar a fondo la solución a la actual situación socioeconómica que viven las comunidades que terminan una parte inmersa con agrupaciones delincuenciales y otra en medio de la violencia y afectada por la circunstancias de lugar y tiempo en la disputa de un territorio que es de sus ancestros y no de bandas interesadas en lucrarse de manera ilegal en el tráfico de coca o en la explotación de minería ilegal.

Un Ministerio de la Seguridad Ciudadana que esté dirigido a la defensa de las personas, de los más vulnerables que trabaje armónicamente con la Defensoría del Pueblo impulsando la nueva cultura de los derechos humanos, propiciando el diálogo permanente entre ciudadano y policía, entre gobernante y gobernados; llevando salud integral a las comunidades alejadas de los centros urbanos y fortaleciendo la comercialización de productos agrícolas hacia los conglomerados urbanos.

Instaurar una gobernanza que ponga la autoridad del Estado por encima de cualquier interés particular y que esté dirigida a la sana convivencia y protección de una nueva ciudadanía. Un Ministerio para la gente.

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