Un derecho mínimo

Cali vive desde hace varias décadas una expansión urbana \”invisible\” para sus autoridades. Decenas de familias provenientes del Pacífico, del Cauca y en menor medida del interior del país, han llegado a la ciudad buscando cumplir sus sueños, construyendo su casita en el primer lugar donde puedan, sin mirar si es un predio legal o no legal. De esta forma, alrededor del tema de la legalización de predios, se genera un debate sobre derechos mínimos, como son el derecho a la vida, a la vivienda digna, a un medio ambiente sano para vivir.

El su libro El otro sendero, el economista peruano Hernando de Soto manifiesta respecto al tema de la informalidad, que \”estamos frente a una sociedad costosa y compleja que estásometida a asumir múltiples cargas para gozar de la formalidad, o en otras palabras, por preferir la informalidad\”.

Un ejemplo de estas altas cargas que se le ge-neran a los \”informales\” se está dando en la Secretaría de Vivienda, donde encontramos que el proceso de titulación de viviendas no está andando como debe ser, porque no se están invirtiendo los recursos con los que ya se cuenta, para alcanzar la meta de predios titulados en 4 años que es de 8.000 predios, y a la fecha se han titulado 195, cuando ya deberíamos ir en más de mil.

La actual administración con una disminución del 65% de los costos de actualización por predio ha demostrado que desde lo público se puede ser eficiente. Sin embargo, ahora se habla desde la Secretaría de Vivienda de tercerización o privatización de estos servicios cuando con esa reducción de costos, lo que se debería esperar es que la titulación fuera disparada. Con el enredo que genera esta decisión, preocupa que se le subirán los costos a la salida de la informalidad a cientos de familias caleñas.

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