Es común ver que quienes están en cargos de dirección o tienen alguna autoridad en el sector público actúan frente al despliegue mediático de la noticia del día o las críticas y manifestaciones de indignación expresadas en las columnas de opinión.
Parece que dentro de esa categoría está la proposición de incluir en la reforma política la creación del Tribunal de Aforados. Esta iniciativa deja la sensación que se quiere mostrar acciones inmediatas frente al escándalo suscitado en la Rama Judicial por los presuntos hechos de corrupción.
La reforma política que cursa en la Cámara de Representantes nació como consecuencia del proceso de paz con las Farc, nada tiene que ver con el organismo que se pretende crear para procesar judicialmente a funcionarios con fuero constitucional.
Ya se había intentado instituir el Tribunal de Aforados en la reforma de ‘equilibrio de poderes’, pero los artículos que le dieron vida fueron declarados inconstitucionales.
Seguramente esta vez ese intento correrá la misma ante la Corte Constitucional, porque no existe unidad de materia frente al objeto de este proyecto y las motivaciones que sustentan el ente que asumiría la investigación y juicio de los magistrados de altas cortes y el Fiscal General de la Nación.
Se requiere el Tribunal de Aforados porque no pueden existir categorías de ciudadanos frente a la ley, ningún colombiano puede estar blindado ante ella, pero éste debe incluirse en un proyecto de acto legislativo independiente de cualquier consideración política.
La propuesta de anexar a la reforma política ese órgano, es un globo al aire que si sale avante en el legislativo, tendrá un examen difícil ante la Corte Constitucional.
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