El sadismo y la tortura son actos contranatura, desde el esclavismo, pasando por la inquisición, los campos de concentración nazis y los regímenes de facto. La brutalidad es esencial de los regímenes que reducen a la animalidad a los seres humanos. Digamos que los cosifican, porque los modernos organismos jurídicos ya contienen normas de protección animal.

Las democracias jamás pueden optar por la tortura y el sadismo. Sin embargo Colombia transita esa escabrosa ruta. No cabe excusa de que los casos de tortura sean actos individuales. El Estado tiene un ordenamiento jurídico, conjuntamente con un poder disciplinario representado por el ejército y la policía. El primero tiene la misión de defender la soberanía. La policía la salvaguarda del orden público. Sus miembros se rigen por jerarquías y estatutos internos.

Su aplicación correcta o el incumplimiento, comprometerá la responsabilidad institucional y la estatal. La tortura, el sadismo y la muerte del abogado Javier Ordoñez, no es un hecho de responsabilidad exclusiva de los agentes. Como desconozco la reglamentación y en qué circunstancias sería pertinente por parte de la policía usar una pistola Taser, pregunto: ¿esta dotación oficial es para amedrentar en casos extremos o para accionarla como arma letal contra un ciudadano indefenso que en el suelo pide clemencia? La acción de los policías rayó en tortura y sadismo.

El torturador provoca dolor irresistible en la víctima. El sádico siente placer torturando, hasta asesinarla. Que la justicia ordinaria, no la penal militar, los condene. Hubo abuso policial que degeneró en conducta delincuencial. El Estado deberá indemnizar a la familia del abogado.

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