Aumentar la tarifa del MIO, vía subsidio, es una manera de subsanar los problemas financieros y por lo tanto de mejorar el servicio. Los recursos no se van a conseguir aumentando los usuarios.
El sistema hace mucho se estancó en 500 mil pasajeros y a estas alturas llegar a los 900 mil que necesitan no se logra ni con intervención divina. No hay que ser macroeconomista para entender que entonces los actuales usuarios deberán pagar más para garantizar los recursos mínimos para operar adecuadamente ni para saber que a los caleños les queda pesado pagar más por el servicio.
En lo esencial estamos de acuerdo. Entonces, ¿porque está empantanado el proyecto en el Concejo de Cali? Por terquedad. Los concejales piden ajustes jurídicos. Según ellos, en la forma en que está planteado el subsidio puede ser equiparado a una donación a los concesionarios. La administración se ranchó en que jurídicamente no hay ningún problema y sustenta su posición en un concepto jurídico que dice tener pero que no ha divulgado.
La situación se torna patética. Es deplorable que en la ciudad no se puedan construir modelos a partir de análisis técnicos y que en lugar de discusiones académicas todo se resuelva con vociferaciones y señalamientos personales. No me cabe la menor duda que el subsidio hay que aprobarlo pero no concibo que se haga por fuera del marco legal so pretexto de que si hay una posterior demanda los abogados se encargarán de defender a los implicados.
Muchas veces he atacado al Concejo por su inoperancia. Sin embargo, no me parece que se use su mala imagen para presionarlo a tomar una decisión sin que la administración sustente su punto de vista. El fin no justifica los medios y en Cali no podemos seguir improvisando.
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