“A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN”. Esa fue una de las frases más contundentes de Gustavo Petro en campaña.

Hoy, a punto de terminar su gobierno, no solo el ELN sigue existiendo, sino que se ha fortalecido, al igual que otras estructuras criminales.

La evidencia es clara: el país retrocedió en seguridad. Basta ver el aumento en la presencia de grupos armados, el número de combatientes y el control territorial.

Lo que Colombia había logrado avanzar durante años se ha detenido —y en muchos casos, revertido—. La situación se ha deteriorado de forma alarmante en distintas regiones, incluyendo el Valle del Cauca.

Durante este gobierno, los grupos armados ilegales no se han debilitado. Todo lo contrario: han ampliado su capacidad de acción y consolidado su presencia.

Las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo hoy tienen mayor alcance territorial, más recursos y mayor capacidad operativa. Colombia enfrenta hoy más actores armados, mejor organizados y con mayores niveles de impunidad.

La expansión de los cultivos ilícitos confirma esta tendencia. La producción de coca ha seguido creciendo, sin que exista una estrategia clara y efectiva de sustitución o control.

Aunque el gobierno resalta cifras récord de incautación, esto no necesariamente refleja una mejora estructural. Cuando aumenta la producción, es natural que también aumenten las incautaciones.

El verdadero indicador es la capacidad de reducir la oferta y desmantelar las estructuras criminales, y en ese frente los resultados siguen siendo insuficientes.

A esto se suma la diversificación de las fuentes de financiamiento criminal: narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y contrabando, actividades que no solo persisten, sino que han aumentado.

El problema no es solo rural. La inseguridad urbana también se ha deteriorado. Robos, extorsiones, homicidios y atentados terroristas —tanto por delincuencia común como por estructuras organizadas— hacen parte del día a día en muchas ciudades.

Pero lo más grave no son solo los hechos. Es la sensación de desprotección.

Hoy muchos colombianos sienten que el Estado ha perdido capacidad de respuesta, autoridad y control.

Este deterioro no es nuevo. Colombia arrastra problemas estructurales en seguridad desde hace décadas: economías ilegales, debilidad institucional en algunos territorios, reincidencia criminal y un sistema judicial con altos niveles de impunidad.

Pero en los últimos años la situación se ha agravado. El fracaso de la llamada “Paz Total” es evidente.

Se ha privilegiado el diálogo sin consolidar el control territorial, y se han debilitado capacidades fundamentales del Estado en inteligencia, coordinación operativa y presencia institucional.

El resultado está a la vista: grupos criminales reorganizándose, estructuras expandiéndose y una ciudadanía cada vez más expuesta. Lo advertimos: sin control territorial, no hay seguridad posible.

Pero el debate no puede quedarse en el diagnóstico. La pregunta clave hoy es: ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para enfrentar esta crisis?

Como en otros temas, el análisis debe hacerse sobre tres pilares: prevención, capacidad operativa del Estado y justicia.

En prevención, Iván Cepeda centra su propuesta en la inversión social, la transformación territorial y el diálogo con grupos armados.

Sergio Fajardo también prioriza la prevención, con énfasis en educación, oportunidades y fortalecimiento institucional. Paloma Valencia incorpora este componente, pero con menor protagonismo frente a la acción operativa.

Abelardo de la Espriella, por su parte, le da un peso marginal a la prevención, privilegiando una respuesta más reactiva. El problema es evidente: la prevención es necesaria, pero sin control territorial pierde efectividad.

En capacidad operativa, las diferencias son más marcadas. Abelardo de la Espriella propone una estrategia de choque basada en el fortalecimiento de la fuerza pública, aumento del pie de fuerza y recuperación del control del territorio. Paloma Valencia también plantea un fortalecimiento claro de la capacidad operativa del Estado.

Sergio Fajardo propone mejorar la gestión, la inteligencia y la coordinación institucional.

Iván Cepeda, en contraste, no presenta una estrategia clara para recuperar el control territorial en el corto plazo. Aquí el riesgo es claro: sin capacidad operativa, el Estado pierde autoridad.

Pero el punto más débil en todas las propuestas es la justicia. Ninguno de los candidatos presenta una estrategia suficientemente clara para reducir la impunidad estructural del país.

No hay metas concretas de judicialización, ni reformas profundas que garanticen que quien delinque sea efectivamente sancionado. Y sin justicia, cualquier estrategia de seguridad está condenada a fracasar.

Aquí es donde se marcan las diferencias reales. Unos priorizan la prevención sin resolver el control territorial.

Otros la fuerza sin garantizar sostenibilidad. Y otros plantean enfoques más integrales, pero con vacíos en su ejecución. Ese equilibrio no es sencillo, pero es indispensable. Porque en seguridad no se puede improvisar.

El costo no es político: es la vida, la tranquilidad y la libertad de millones de colombianos.

Colombia necesita una estrategia que combine autoridad legítima, inteligencia, justicia, inversión social y fortalecimiento institucional.

No se trata de elegir entre diálogo o fuerza, sino de entender que sin Estado no hay orden, sin justicia no hay control, sin prevención no hay futuro… y sin seguridad, no hay país.

@edwinhmaldonado

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