No obstante que el alto gobierno afirme que los problemas de orden público y de actos terroristas se focalicen en dieciocho municipios del país, que en estos dos años de gobierno del Presidente Santos se le han propinado duros golpes a las bandas de delincuentes conocidas como Farc, ELN y las Bacrim; lo cierto es que la población civil está percibiendo un deterioro generalizado del orden público en todo el territorio nacional. No es sino mirar la situación de los departamentos de: Arauca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, sur del Valle del Cauca, Vichada, Guainía y Meta, para ver que la realidad del resurgir de estos grupos de narco bandidos es un hecho cierto e indiscutible y eso que no mencionamos la situación del departamento de Córdoba que es bastante compleja por el actuar de grupos armados ilegales.
Y qué no decir de las bandas de delincuentes juveniles en las grandes capitales como Cartagena, Medellín, Santiago de Cali y Bogotá, que con sus famosos límites invisibles ha cobrado ya muchas víctimas inocentes y la respuesta del gobierno en sentir del ciudadano de a pie ha sido el de la impotencia, aunque los alcaldes de turno nos digan y pregonen otra cosa.
Ya las grandes empresas como Ecopetrol han manifestado que bajan sus metas de producción por problemas de orden público, la economía en el primer semestre muestra signos de menor crecimiento y una de las causas endógenas es sin lugar a dudas la percepción del resurgir de los grupos armados ilegales.
El señor Presidente Santos comenzó una vuelta a Colombia para mostrar sus realizaciones, pero lo primero que reclamamos los colombianos es seguridad y esta viene acompañada de un despliegue de fuerza pública en contra de los grupos narco guerrilleros y las bandas criminales parando su resurgimiento.
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