La pena de muerte dictaminada legítimamente por autoridad competente está eliminada desde 1910 en nuestro sistema legal; aunque subsiste de manera subrepticia como resultado de la práctica de contratar verdugos remunerados con el encargo de ejecutar adversarios, acreedores, deudores o cualquiera que clasifique en la estela de sangrientas venganzas entre las que se mueve nuestra enferma sociedad.

Mentirosamente nos proclamamos una colectividad feliz en la cual está prohibida la pena capital, pero convivimos con ella ante la mirada impasible de los ciudadanos y con la condescendencia de las instituciones que deben velar por la vida y la seguridad, las cuales realizan mínimos esfuerzos para eliminar esta conducta.

Somos una sociedad perturbada, cómplice frente a delitos brutales como genocidios, sicariato y desapariciones forzadas.

¿Cómo puede ser posible que se ordene y pague para eliminar o desaparecer a un ciudadano con premeditación y bajo el mayor comportamiento barbárico? ¿Hasta cuándo como sociedad civil seguiremos asistiendo a este desmoronamiento de la convivencia civilizada y por qué no tenemos el valor de exigir a las instituciones responsables, resultados y penas proporcionales a las acciones punibles cometidas?

Ahora que estamos ventilando las razones del porqué hay tanto delincuente reincidente libre y cuestionándonos si es una responsabilidad directa del defectuoso sistema legal, podríamos iniciar el debate sobre la pena de muerte ilegal vigente.

Legisladores, defensores de derechos humanos y demás estudiosos del comportamiento social, no maquillen realidades y en cambio construyan juntos medidas sensatas con el fin de erradicar esta desalmada práctica en Colombia.

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