Es común escuchar al Gobierno Nacional y a candidatos presidenciales, en campañas celebradas desde que tengo uso de razón, decir que nunca debe haber territorios vedados para el Estado y que ahora sí se tendrá el control absoluto del país.

Esa frase fue pronunciada con mayor resonancia cuando se firmaron los acuerdos de paz con las Farc, organización que estaba apoderada de varios departamentos.

Dicha afirmación está lejos de ser una realidad, basta con echar una mirada al Catatumbo para comprobarlo.

Los habitantes de esa zona de Norte de Santander llevan 47 días asediados por una guerra desaforada entre el ELN y ‘los pelusos’, disidencias del EPL.

Durante muchos años las disputas por el territorio han sido fuente de titulares de prensa, pero hasta el momento solo se está tratando con paliativos cuando el mal está en sus entrañas, se constituye en un corredor importante para el tráfico de estupefacientes, no solo por la facilidad que tienen para sacar la droga, también porque éste es un centro importante de cultivos ilícitos, con más de 25.000 hectáreas sembradas.

Lo grave es que el conflicto en el Catatumbo no tiene la atención que merece por parte de las autoridades.

Los habitantes, que son los afectados por estar en el fuego cruzado, están dejados a su suerte, encerrados en sus parcelas como condenados a una detención domiciliaria por delitos de los cuales son víctimas.

Se requiere urgente, ahora sí, la presencia del Estado en el Catatumbo para erradicar un mal que tiene en jaque a las autoridades y sitiada la frontera de Norte de Santander con Venezuela.

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