La semana pasada la Alcaldía de Cali anunció que se asignarán 10 mil millones de pesos para inyectarle recursos al MIO.
Los dineros serán invertidos principalmente en el operador GIT, empresa privada que afronta graves problemas financieros.
Sin duda, viabilizar el sistema de transporte masivo es una prioridad. Sin embargo bien valdría preguntarse si los recursos del Estado pueden destinarse a financiar empresas privadas, aun cuando estas presten un servicio público.
Es indiscutible que la ciudad necesita los 175 buses que se encuentran parados incluso porque el operador no tiene dinero para comprar gasolina.
Sin embargo, no se puede desfigurar la naturaleza jurídica de las partes y las responsabilidades de las mismas. La realidad es que GIT viene incumpliendo el contrato suscrito con Metrocali, ante lo cual hay que buscar las salidas en el marco de la legislación vigente incluyendo decretar la caducidad administrativa del contrato.
Uno de los orígenes de los problemas del sistema es que se adjudicaron las licitaciones a operadores con baja capacidad financiera que no han podido responder por las obligaciones ante las demoras en la consolidación del mismo.
Lo complejo es que las soluciones parciales, pensadas para favorecer una empresa, han venido debilitando estructuralmente el sistema.
Hace meses se vienen tomando medidas para facilitarle a GIT la consecución de un inversionista. La verdad es que en el mundo de los negocios los recursos para “salvar muertos” son difíciles de conseguir.
A veces hay que tomar decisiones radicales para preservar el interés general sobre el particular. En el caso del MIO ya es hora de pensar si hay que decretar la caducidad de los contratos de los operadores que estén incumpliendo y abrir nuevas licitaciones.
El deber de la administración municipal es garantizarle a los caleños un buen servicio independientemente de quien lo preste.
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