Son muchas las hipótesis que se manejan frente a los responsables del asesinato de líderes sociales. No se puede hablar de un plan sistemático para cometer estos crímenes, como en su momento existió contra la Unión Patriótica, aunque la Defensoría del Pueblo habla de 311 muertes perpetradas desde 2016 en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle y Risaralda principalmente.

La ocurrencia de crímenes, que supera los 90 durante lo corrido de 2018, preocupa por las características similares de las actividades de las víctimas: líderes de comunidades étnicas como resguardos indígenas y negritudes, ambientalistas, dirigentes de organizaciones sociales y de juntas de acción comunal.

Esta ola de violencia ensombrece aún más la situación de derechos humanos en el país, tan criticada en el ámbito internacional donde califican a Colombia como uno de los principales agresores de activistas.

Cada hecho debe ser investigado de manera particular y buscar los autores intelectuales, porque emprender operativos para capturar solo a los sicarios que perpetraron los ataques, no permite determinar la procedencia de los mismos.

Los organismos de seguridad del Estado son los encargados de preservar a los dirigentes amenazados, sin embargo no es una tarea fácil teniendo en cuenta el contexto en que se dan las agresiones.

Quienes están asesinando defensores de derechos humanos tienen vínculos con grupos armados ilegales, que se incomodan con las causas promovidas a favor de la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras o la preservación del ecosistema; estructuras de diferente origen como autodefensas, guerrilla, narcotráfico, entre los que se cuentan carteles de la droga mexicanos, que después de la firma del proceso de paz han emprendido campañas armadas en disputa del territorio.

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