Los departamentos afectados con la minga indígena aún no se recuperan de las pérdidas ocasionadas por los bloqueos en la vía Panamericana, que superaron los $60.000 millones.

Sin superar las secuelas dejadas por la minga, el Gobierno Nacional debe prepararse para enfrentar un nuevo paro, esta vez de carácter nacional, convocado para el jueves 25 de abril con la participación de diferentes sectores sociales, económicos y políticos, algunos buscando un cese de actividades indefinido.

Si bien la protesta social es un derecho, en muchos de los paros se nota la influencia de dirigentes de partidos de la oposición, lo que da un tinte político a las manifestaciones en un afán por deslegitimar al actual gobierno.

Las protestas programadas para este 25 de abril tienen algunas características comunes frente a ese tema. La intervención de dirigentes políticos hace que muchas de las reclamaciones, aunque sean válidas y justas, se aprovechen para hacer proselitismo.

La cercanía de las elecciones regionales que se celebrarán el 27 de octubre, permite que la jornada de este jueves sea un escenario propicio para buscar simpatizantes y traducirlos en votos.

El llamado es a que se ejerza el derecho a la protesta de forma ordenada, sin afectar la inmensa mayoría de trabajadores que buscan movilizarse para cumplir con sus obligaciones diarias.

Así como los manifestantes tienen derechos que deben ser respetados, quienes no participan de las congregaciones tienen la libertad de locomoción y el derecho a desarrollar sus actividades sin sufrir las consecuencias de bloqueos.

El disentimiento es importante en el desarrollo de la sociedad, pero sin acudir a las vías de hecho que lo convierte en atropellos al interés general.

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