El acceso a la información es un derecho, más en la era de las telecomunicaciones. El manejo global de la información advierte sobre abusos de quienes ostentan el poder o violaciones a los derechos fundamentales, pero también puede afectar la honra, integridad y seguridad de las personas o de una nación.

Es así que al tiempo que se protege el derecho a la información, se crean restricciones constitucionales y legales para que documentos que revelen datos sensibles de un Estado sean resguardados.

Esa es la razón de ser de la existencia de la reserva en las entidades estatales, entre las que se cuenta la Fuerza Pública. Por eso es extraña la solicitud del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, requiriendo documentos militares clasificados que hacen parte de la confidencialidad de la nación, pues su publicación atenta contra la seguridad nacional.

El Ministro de Defensa ya anunció que esa petición no será concedida y se da por descontado que el Gobierno no autorizará revelar esa clase de archivos.

Si bien el acceso a la información es un derecho que se convierte en un mecanismo de transparencia para las administraciones, no es posible que suceda en todos los casos, pues existen restricciones legales en algunos asuntos.

En este punto es bueno considerar que se debe controlar la fuga de datos, para evitar que expedientes clasificados de inteligencia castrense lleguen a manos de civiles.

Este episodio podría aprovecharse para mejorar los protocolos de seguridad de documentos reservados y exigir su adecuado tratamiento, ello garantiza la salvaguarda e integridad de nuestras instituciones.

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