Proteger la vida de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos no es solo una deuda que tenemos con esa Colombia olvidada y desconocida, sino también un factor esencial en la construcción de una nueva narrativa de país.

Las cifras de víctimas sobre esta problemática así lo demuestran. Mientras la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos dice en su segundo informe de este año que entre enero y junio fueron asesinado 37 gestores y que está verificando otras 49 muertes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, asegura que son más de 180 líderes inmolados en lo que va de 2020.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha logrado documentar el asesinato de 646 líderes y lideresas, desde la firma de los Acuerdos entre el Gobierno y las Farc en 2016, hasta julio de este año. Son todas cifras diferentes, pero que al final nos causan dolor y vergüenza como sociedad.

Los principales verdugos de los líderes sociales son grupos guerrilleros, disidencias de las Farc, paramilitares y organizaciones transnacionales dedicadas a negocios ilegales de oro, marihuana, cocaína o madera. Ellos se aprovechan de su vulnerabilidad al habitar en muchos casos los lugares más apartados y olvidados de nuestra geografía en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Quienes hemos trabajado hombro a hombro con los líderes, sabemos el papel que cumplen en sus comunidades y cómo pueden jugar un rol importante en la articulación de los planes de desarrollo de una región. De ahí la urgencia de protegerlos con una política pública integral.

En mi opinión es importante un acompañamiento institucional a los líderes sociales, tanto desde la esfera nacional como local. Por eso en el Valle de Cauca creamos la primera Secretaría de Paz en el país, pero además vinculamos a los líderes de la región a la Mesa de Paz, para articular su labor con los planes de desarrollo y tener una interlocución directa con ellos.

Considero fundamental que se continúe con las Alertas Tempranas establecidas por la Defensoría del Pueblo que demostraron ser una herramienta valiosa para salvar vidas, y que en el Valle del Cauca fortalecimos con una caracterización de los líderes sociales de la región.

También en materia de seguridad se debe seguir trabajando en una estrategia integral. No se trata simplemente de disponer de escoltas y carros blindados para los gestores, sino de enfocarse en una protección colectiva con propuestas que salgan de la propia comunidad, y fortaleciendo además en las zonas rurales las guardias indígenas y cimarronas.

Pero ninguna de estas acciones será efectiva si no se prioriza la inversión social en sus territorios. Hay que apoyar a los líderes y a sus organizaciones sociales para desarrollar proyectos que beneficien a sus comunidades. Para ello hay que capacitarlos y acompañarlos, garantizando la producción y comercialización de sus productos.

Más allá de números estadísticos, estamos hablando de vidas y personas que son motores de paz y desarrollo en sus comunidades. Para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, su vida y su labor, toda la protección, la reivindicación y el respeto.

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