Cada 26 de septiembre, en el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, volvemos la mirada a una realidad que me preocupa profundamente: la vida de miles de niñas y jóvenes que todavía enfrentan embarazos tempranos.

Es cierto, hemos avanzado. Las estadísticas muestran que el embarazo adolescente va en descenso: hoy, en Colombia, el 15 % de los nacimientos corresponden a madres entre 10 y 19 años, una cifra más baja que hace diez años.

Pero detrás de esos números sigue habiendo desigualdades que duelen. En las zonas rurales, donde la educación y los servicios de salud no siempre llegan como deberían, las adolescentes están mucho más expuestas a embarazos no planificados y a sufrir violencia sexual.

En 2024, el DANE reportó 63.527 bebés de madres entre 15 y 19 años y 3.159 de niñas de apenas 10 a 14 años.

Son cifras, pero cada una de ellas representa una historia de vida que pudo ser distinta. Cuando las adolescentes quedan embarazadas, no solo está en riesgo su salud, también se comprometen sus estudios, sus sueños, su posibilidad de construir un futuro diferente y las condiciones de vida del infante.

Muchas veces terminan atrapadas en un círculo de pobreza y exclusión que les arrebata oportunidades y que termina arrastrando y marcando también la vida del menor, que va a crecer atado a ese mismo círculo de pobreza.

El embarazo adolescente tiene rostro de desigualdad. Afecta en mayor número a las niñas más pobres, a las que viven en zonas apartadas, a quienes pertenecen a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en suma, a familias con menos recursos y menos posibilidades.

Esto no es un problema exclusivo de Colombia. En América Latina y el Caribe, el 18 % de los nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años, lo que convierte a nuestra región en la segunda con mayor tasa en el mundo.

¿Qué podemos hacer? La respuesta es clara: mantener a nuestras niñas y adolescentes en la escuela, garantizarle el acceso a educación sexual de calidad, a métodos anticonceptivos y a brindarles servicios de salud pensados para ellas.

Hablarles con claridad sobre sexualidad. No se trata de limitar su libertad, sino de darles herramientas para elegir su propio camino y tomar decisiones informadas.

La libertad sexual de nuestras niñas debe ir de la mano de la educación sexual, y del pleno conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, para que el desarrollo de su vida sea una decisión siempre consciente e informada.

En el Partido de la U lo entendemos así. Hablar de prevención del embarazo adolescente es hablar del futuro de Colombia.

Desde el Congreso, hemos respaldado iniciativas para que cada niña y cada joven cuente con educación sexual, acceso a anticonceptivos y, sobre todo, a oportunidades para soñar.

En el Valle del Cauca, donde tuve el honor de servir, comprendí que estos programas transforman vidas cuando no son esfuerzos aislados, sino procesos constantes, sostenidos en el tiempo y con visión de futuro.

Por eso, más allá de las cifras y las políticas, nuestro deber es seguir trabajando de manera articulada entre las entidades del Estado, el sector salud, las instituciones educativas y, por supuesto, la familia,

Pero ninguna estrategia será suficiente si no va acompañada de un compromiso firme para proteger a nuestras niñas y adolescentes de la violencia sexual.

Muchos de los embarazos tempranos son consecuencia de abusos que jamás debieron ocurrir. Prevenir, atender y sancionar la violencia sexual es tan urgente como garantizar educación y salud.

Solo así podremos ofrecerles entornos seguros y dignos, donde crezcan libres de miedo y con la certeza de que sus derechos serán respetados, para que ninguna adolescente vea limitado su presente ni su futuro por falta de apoyo del Estado.

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