Poca atención ha despertado en el Gobierno la situación de los Jueces de Ejecución de Penas, que ante el desmonte de la descongestión en la Rama Judicial y el proceso de paz con las Farc, sus despachos están desbordados en expedientes.

Por esta circunstancia declararon desde el pasado 15 de mayo un cese parcial de actividades, atendiendo solo acciones constitucionales y quedando en espera los casos de privados de la libertad que buscan respuesta a peticiones de liberación.

En Bogotá estos juzgados tienen cerca de 8.700 solicitudes de prescripción o extinción de procesos, de los cerca de 24.000 internos, unos 8.000 cuentan con reclusión domiciliaria.

Como el control de quienes gozan de ese beneficio no se está cumpliendo de manera debida a raíz del paro, pueden representar un peligro si se tiene en cuenta que las reincidencias son comunes, al punto que varios delitos callejeros son cometidos por condenados o sindicados con permisos o dispositivos de seguridad.

Sobre esta realidad fue advertido el Ministerio de Hacienda que no procura la importancia que merece, y la propia Rama Judicial destacó que en situaciones similares, el Gobierno requirió para que la justicia facilite los recursos necesarios para las medidas de descongestión mientras se efectuaban los trámites de devolución de esos dineros, pero el Ejecutivo nunca pagó los préstamos al sector judicial.

Esta situación merece una atención especial si tenemos en cuenta que no es una protesta más de los servidores judiciales, no es solo un caso más de congestión de la justicia como los tantos que se han registrado, aquí está de por medio la seguridad de los ciudadanos y mantener en suspenso para miles de detenidos, la definición de un derecho fundamental, la libertad.

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