En Colombia nos hemos acostumbrado durante toda nuestra historia a vivir en medio de la violencia de manera generalizada, si revisamos cada capítulo de nuestra existencia “republicana”, en todos ellos encontramos la tenebrosa sombra del ejercicio violento entre sus ciudadanos.

Nos hemos acostumbrado a vivir en un país donde anualmente, en promedio, mueren 13 mil personas en actos violentos, cifra que de acuerdo con el observatorio de la Fundación Ideas Paz, casi el 50% se concentra en tan solo 29 municipios del país (seis de ellos vallecaucanos).

Es tal la situación, qué en el diario y cotidiano vivir, los ejercicios de violencia ya no escandalizan, es más, en muchos casos se normalizan y hasta justifican, cuando la muerte de un ser humano en una condición violenta no tiene asidero ni justificación desde ningún punto de vista.

Los colombianos por diversas razones, entre ellas la histórica debilidad institucional del Estado, la corrupción de las pocas instituciones que tienen permeabilidad territorial y la sistemática exclusión de grandes grupos poblacionales de las dinámicas económicas de nuestro país, las cuales han sido monopolizadas por unos pequeños grupos sociales ubicados en su mayoría en los grandes centros poblados como Bogotá, Medellín, Cali y en menor medida Barranquilla y Cartagena, han derivado en qué, en muchos territorios apartados y periféricos tanto rurales como urbanos, impere la “ley del más fuerte o violento”.

En nuestro país, nos hemos acostumbrado tanto a la guerra y la violencia, que incluso caemos en discusiones leguleyas y sin sentido humano, en las cuales priman intereses políticos de grupos y sectores específicos sobre la vida de muchos colombianos que corren riesgos día a día por esas dinámicas que atentan de manera constante su integridad.

El proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC es la muestra perfecta de un botón.

Muchos compatriotas, que por cierto en la mayoría de los casos no han vivido en carne propia los rigores de la guerra e incluso ni siquiera han puesto “un pie” en las zonas más afectadas por la violencia, se dieron el “lujo” de rechazar este acuerdo en un plebiscito que buscaba blindar políticamente el proceso para que en un futuro nadie, ningún grupo político pudiera hacer “trizas la paz”.

Lo más paradójico es que a partir de la firma del acuerdo, ya sin la legitimidad esperada, Colombia ha vivido los años “más pacíficos” de su historia reciente, llegando a tener en 2017 una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en los últimos 50 años, situación que ha venido revirtiéndose, llegando en 2021 a 27 por cada 100 mil habitantes.

Todo hay que decirlo, este retroceso se debe en gran medida por la falta de voluntad política de un gobierno central que parece lo superaron los desafíos en la materia.

Tenemos que ser conscientes de una vez por todas, que toda acción u omisión trae consecuencias y eso es en gran medida lo que está sucediendo en el país.

Los colombianos y por ende los vallecaucanos debemos aprender a dar pasos hacia adelante y dejar de una vez por todas esas tradiciones heredadas que parece no nos hemos podido desprender de “patria boba”, nuestro sistema democrático sustentado en el ciudadano de a pie a través de las elecciones populares, necesita de manera urgente nuevas visiones y nuevos liderazgos de entender y concebir el desarrollo del país y sus territorios.

Si queremos cambiar la situación de violencia física y económica que ha traído desigualdad, pobreza y exclusión, no podemos seguir apostándole a lo mismo, es necesario dar paso a las nuevas generaciones pero que realmente representen algo nuevo y no sean generaciones plagadas de liderazgos de papel que dependan políticamente de organizaciones tradicionales cuestionadas por sus actuaciones.

No podemos seguir siendo partícipes de un sistema donde la violencia sea una herramienta ciudadana para solucionar diferencias; no podemos seguir siendo convidados de piedra a un espectáculo donde se ofrezcan recompensas por el asesinato de nuestros policías; no podemos seguir en la senda que el proteger el medio ambiente y defender a poblaciones excluidas sea prácticamente una sentencia de muerte.

En otras palabras, no podemos ni nos merecemos seguir viviendo en un territorio donde aún como en la época de las guerras entre narcotraficantes, el “plan pistola” siga vigente para amedrentar a los ciudadanos e incluso a las autoridades.

Pd. Toda mi solidaridad con las familias de los policías, líderes sociales y demás ciudadanos asesinados vilmente en los últimos años.

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