El paro armado en el Chocó adelantado por las Farc completó varios días, mientras los habitantes de la región buscan continuar con sus actividades cotidianas en medio de las restricciones ilegales impuestas por ese grupo armado ilegal.
Sin duda que estas acciones contradicen el llamado gesto de paz de ese grupo armado justo en medio de los diálogos iniciados con el Gobierno Nacional, pues constituyen una violación a los derechos humanos de la población civil del Chocó, que pese a las acciones del Gobierno, sienten temor, por supuesto fundado, de revelarse contra las restricciones impuestas ilegalmente.
Esta situación admite todo tipo de interpretaciones frente a las reales intenciones de las Farc, sin embargo, cualquier anticipación podría enfrentarse al argumento de que no se ha pactado un cese de hostilidades, la Fuerza Pública sigue en la labor de defensa y el grupo armado por su parte con las acciones violentas.
Sin embargo, lo que sí resulta reprochable es que las hostilidades y represiones se dirijan contra la población civil, pues sería una muestra mínima de ética de paz, de compromiso y de credibilidad de las Farc frente a la sociedad colombiana que este tipo de acciones cesen, para generar confianza y una mayor participación de la sociedad civil en este proceso, como parte de la reconstrucción del tejido social que se ha perdido por causa de este conflicto.
Con todo, la Fuerza Pública no debe escatimar esfuerzos en garantizar los derechos de los habitantes del Chocó, así como las autoridades civiles en reiterar el llamado de paz y convivencia en representación de esta comunidad tan afectada.
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