No es un secreto que en Colombia existe una seria desigualdad en el actual régimen pensional en el que sólo una de cada cuatro personas en edad para adquirir el derecho a una pensión ha logrado este vital propósito.

Hoy el gobierno del Señor Presidente Petro ha anunciado una reforma que se denomina “por pilares” que pretende estructurar un nuevo sistema unificado en el que se haría un mayor énfasis en lo público, articulando a los actuales fondos privados y vinculando a un selectivo número de afiliados en un solo régimen hasta cuatro salarios mínimos.

Lo cierto es que en la actualidad las pensiones son altamente subsidiadas por el Estado, a tal punto que en el presupuesto nacional se dispone de una partida de $18 billones con destino a la financiación de Colpensiones, que favorece a 1.6 millones de pensionados de esa entidad.

En mi opinión, debe hacerse claridad sobre cuál sería a partir del nuevo modelo, el papel de los fondos privados de pensiones y, sobretodo, precisar, quienes de sus afiliados del momento y en qué circunstancias pasarían sus aportes a las arcas estatales, puesto que, como se ha dicho en tantas oportunidades, estos recursos son ahorros de los trabajadores y, por tanto, a mi parecer no es posible disponer de ellos en forma arbitraria.

Sino, por el contrario, debe ser un proceso concertado con los propios beneficiarios y los fondos, quienes tienen derechos adquiridos que deben ser respetados y protegidos.

Igualmente, el gobierno ha manifestado su intención de otorgar un subsidio a tres millones de personas en condiciones de vulnerabilidad, lo cual es loable y genera gran expectativa en este grupo poblacional, cuyos recursos deben ser financiados, sin detrimento del ahorro pensional de los trabajadores.

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