Los colombianos sentimos una profunda nostalgia al conocer el fallo de la CIJ, sobre el problema de límites con Nicaragua, proceso que demoró once años y que al final, nos arrebató 70.000 Km2 del área marina de nuestro departamento de ultra mar.
Esa zona que la CIJ le entregó a Nicaragua, si bien es cierto tenía problemas de limitación, no es menos cierto que desde el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, se consideraba que la línea límite entre los dos países estaba trazada por el meridiano 82 y el paralelo 15 y así fue por más de 150 años en los que Colombia ejerció la soberanía sobre las islas, islotes, cayos, mar territorial, la plataforma continental, etc., tal como lo expresa el artículo 101 de nuestro ordenamiento constitucional.
La pregunta que nos formulamos es: ¿Si Colombia tenía el reconocimiento de esa parte insular y sus mares por el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, cómo permitió prácticamente la anulación del mismo y aceptar ir a la CIJ donde los nicos no tenían nada que perder pero sí mucho que ganar? Y como si fuera poco, se inició el proceso a puerta cerrada, casi con total desconocimiento de los colombianos y aún, de los más perjudicados: los sanandresanos.
La culpa no es del gobierno Santos, esto viene del gobierno Pastrana, que fue quien aceptó ir a la CIJ, diría, sin ninguna necesidad, seguido de los dos gobiernos Uribe.
El gobierno debe tratar de solucionar por los medios jurídicos internacionales este problema que golpea a los raizales, la mayoría pescadores.
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