Lo que viene ocurriendo con las cárceles colombianas es una vergüenza mundial, que no se compadece con el más mínimo respeto a la dignidad humana, principio rector de la Carta Política colombiana. No es sólo el excesivo hacinamiento de los presos, es la falta de la más elemental asistencia médica, que ha venido produciendo muertes de presos que luego después de más de una década, gracias a la demora de la justicia Contenciosa, se pagará el mal servicio del Estado a los familiares de los internos.
Hoy, la responsabilidad más grande del Ministerio de Justicia está en resolver el grave problema carcelario y acabar sí, vuelvo y repito, acabar con esos cuarenta y dos sindicatos del Inpec, que no le hacen ningún bien a los derechos de la guardia carcelaria.
Mientras tanto, vemos a una Ministra desubicada en su cargo, extraviada en ese mundo nuevo para ella que es el ejecutivo, donde se deben resolver los problemas de forma rápida y eficaz, tan distinto a la academia o el administrar justicia en el Consejo de Estado, que no obstante la buena calidad de sus sentencias, estas se ven opacadas por la lentitud en producirse.
Lo que ocurre en la cárceles colombianas es un atentado a los derechos humanos, que ni un país atrasado se podría permitir. ¿Para qué le sirve a los colombianos que su economía esté cada día más sólida? si Colombia es cada vez más inequitativa.
No acertó el Presidente Santos en la designación de la actual Ministra de Justicia, la cual es una persona brillante y destacada en la academia y en la judicatura, pero en el ejecutivo es a otro precio, se requieren soluciones rápidas, sobre todo para resolver problemas en que está en juego la vida de los presos. Que también tienen derechos como los demás colombianos.
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