No olvidemos la crisis carcelaria

Recientes fallos judiciales han revelado las condiciones de hacinamiento y de violencia en que viven y mueren los presos en Colombia, generando un nuevo llamado de alerta para el Gobierno Nacional, pues se convierten en precedente para futuras y cuantiosas demandas contra el Estado.

Según se publicó recientemente, más de 500 internos han muerto en los últimos cinco años y el promedio de hacinamiento es casi el 50%.

Los fallos judiciales reafirman que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos y la seguridad de los reclusos, pese a que tengan limitación de la libertad, pues de otra manera, tampoco se cumple el propósito de resocialización que es uno de los fines de la pena.

En reciente pronunciamiento, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia destacó, que si bien la comisión de un delito es la que lleva a una persona a la privación de su libertad, ello no significa que el preso sea un ser humano de tercera o cuarta categoría, que no pueda contar siquiera con purgar su pena en condiciones dignas para retornar a la vida social con otras perspectivas, que es el propósito último del poder punitivo del Estado.

Este también ha sido tema de preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que ha señalado que si un recluso muere bajo custodia carcelaria, debe abrirse investigación por dicha muerte incluso si es natural, porque debe verificarse el cumplimiento de la garantía de los derechos humanos, a quienes por su limitación a la libertad y otros derechos, son más vulnerables.

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