Ya no es noticia que la gasolina suba $600 mensuales, desde que comenzó este período de gobierno, esa es la constante. El problema no es, como lo dijo hace unos meses el Presidente, de que “los pobres están subsidiando el precio de la gasolina a los que tienen Toyota”. No sólo las Toyotas usan gasolina, también todos aquellos vehículos automotores que permiten la circulación del tránsito, sean de naturaleza pública o particular, para no hablar del transporte de carga.

El oficio de taxista es difícil, además de la competencia feroz desatada por aplicaciones desde hace unos años, comienzan su día trabajando para pagar una deuda que se renueva cada 24 horas: la entrega y el tanque lleno al final del turno, por ello no es de extrañar que, esta semana, vivimos un nuevo paro, pero esta vez, a diferencia de los últimos, no fue en protesta por las aplicaciones o la piratería, si no por los incrementos permanentes en los precios de la gasolina.

En los hogares la situación no es más sencilla, ya es imposible hacer un presupuesto que permita acertar, de forma meridiana, en la distribución de recursos para transporte, un aspecto esencial en cualquier presupuesto familiar, puesto que, la variación constante de precios se convirtió en un pequeño monstruo que día tras día se carcome las finanzas familiares.

La gasolina no es un lujo, gústenos o no, es una necesidad. La gasolina es un costo que no se puede sustituir por otro y que afecta no sólo al transporte público o particular, si no también, lo que es más grave, la cadena de suministros de los alimentos. Cuando los gobiernos anteriores optaron por desmantelar a los ferrocarriles y mover la carga a través de camiones y vehículos automotores, inmediatamente la gasolina pasó a convertirse en un elemento fundamental en la determinación del costo de los alimentos, el cual termina trasladándose al consumidor final, afectando, como puede deducirse, a la canasta familiar. Por eso existe una relación directa entre el precio de la gasolina y el costo de los alimentos.

Hasta ahora, el impacto en la canasta familiar no ha sido de la misma proporción, puesto que muchos vehículos de carga se movilizan con ACPM y ahí el incremento ha sido ligeramente inferior, sin embargo, la tendencia al alza es real, basta con ir a un mercado o con preguntarle a una ama de casa; por mucho que se manipulen las cifras, el ciudadano de a pie, que no entiende esas cifras, sabe que con lo que tiene en el bolsillo ahora compra mucho menos de lo que compraba hace unos meses.

En ciudades como Cali, el hambre es real, situaciones como la pandemia y el denominado “estallido social” desnudaron una situación de hambre en Cali. Estrategias como los comedores comunitarios no alcanzan a atender a toda la población necesitada, a pesar de los ingentes esfuerzos de articulación que hacen la administración, la Arquidiócesis y el sector privado y si a ello le sumamos un incremento constante en el precio del combustible, incluso estrategias como ésta tienden a perder su equilibrio financiero, puesto que su planeación se hace sobre unos costos, pero si los mismos se alteran de forma ostensible, se afectará la estructura misma de los contratos, lo que puede estropear el suministro alimenticio de miles de familias que cuentan con esa ración diaria para llenar sus estómagos. Por ello es tan importante que Cali asuma una real política de seguridad alimentaria, aprovechando las extensas áreas rurales de los corregimientos, en donde se pueden producir alimentos que pueden ayudar a soportar programas como los comedores comunitarios, el Plan de Alimentación Escolar – PAE, la red de ancianatos y los centros de iniciación y formación deportiva.

En suma, no es un problema de taxistas, mucho menos de Toyotas, al final, termina siendo un problema de hambre.

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