Monopolio de las licoreras

Un monopolio de licores como arbitrio rentístico (artículo 336 de la Constitución) sirve a las rentas departamentales y mejora sus  finanzas, pero sino existiera el contrabando o estuviese controlado; si se lograra impedir la adulteración, también la duplicación clandestina de la producción; si la libertad de distribución le permitiera las ventas directas a los mayoristas, a su vez, manejar varios distribuidores dividiendo el mercado departamental y nacional para competir.

La gran calidad de los productos de la ILV hace que sean imitables. El que adultera o imita obtiene beneficios al no tener que incurrir  en los altos costos de producción, ni cargas pensionales, ni impuestos, etc.

Si hacemos un ejercicio en prospectiva de lo que sería la cocaína cuando sea legalizada la producción y el consumo total, a nivel mundial avalada por la ONU para que ningún Estado sea tenido como paria (Ya está ocurriendo gradualmente con la marihuana), y como ocurrió con el tabaco, el Whisky u otros licores, hasta volverse renta estatal; entonces podríamos visualizar que en un futuro otra renta estatal sería la cocaína que, se procese, produzca y distribuya desde industrias cocaleras departamentales, que dejaran grandes réditos también paradójicamente a la salud (debiendo tratar a los adictos, pero ganando en la disminución de la violencia: más morbilidad, menos mortalidad), pero que, no estarían exentos de competencia clandestina de cocinas y laboratorios, aunque en esa época futura el precio en el mercado sea menor al de hoy, dentro de la prohibición.

Los alucinógenos, narcóticos y licores que provengan de las plantas atraerán  mafias, así sean minicarteles, para suplantar y arrebatar el mercado al legalizado.

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