La minería debe contribuir a la solución del conflicto y no promover la violencia. La estrategia del presidente Juan Manuel Santos de impulsar la locomotora minero-energética ha provocado un verdadero boom de esta actividad, grandes multinacionales importan minerales o invierten en su extracción. Sin embargo, estas pueden ser buenas noticias no solo para el Gobierno, sino también para muchos actores ilegales que han aumentado sus ingresos a través de las actividades mineras criminales, como lo documentó un informe del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), sobre actores armados ilegales y sector extractivo.
La compañía estadounidense Global Tungsten&Powders Corp.-GTP es una de las empresas que ha importado minerales como el tungsteno de Colombia; sin embargo, recientemente obtuvo información relacionada con que este mineral puede estar siendo extraído ilegalmente a través de grupos armados. Esta información impulsó a la empresa a suspender todas las importaciones y a adelantar una evaluación sobre la extracción de ese mineral en Guainía.
Desde hace varios años se ha analizado la relación entre la existencia y duración de conflictos armados con la presencia y explotación de recursos naturales, pero también se escuchan corrientes que han descrito el potencial papel de la empresa privada en la construcción de la paz. Es fundamental contar con el compromiso del sector privado para que sus operaciones empresariales se mantengan libres de cualquier forma de financiación del conflicto, y asuman lo que se ha llamado una perspectiva de “sensibilidad al conflicto”. Mencionamos el caso de Global Tungsten&Powders que con firmeza decide tomar medidas para que sus actividades no apoyen inconscientemente grupos armados; esperamos el mismo código de conducta en las demás empresas del país.
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