Más política que justicia

Es indudable que la justicia en nuestro país está sumamente desprestigiada. Se siente, se palpa, y las encuestas no mienten.

La bochornosa actitud del presidente de la Corte Suprema, un abogado Miranda, ante la utilización de uno de los siete vehículos oficiales asignados a él, por parte de su hijo para realizar lo que todo el mundo sabe, amén de las amenazas protervas que lanzó contra los policías que adelantaron la pesquisa, fue abusiva y vergonzosa.

En otro país ya lo hubiesen castigado con la destitución. Pero en Colombia eso no funciona. Igual sucede con la deplorable actitud del Consejo de Estado para con Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, a quien destituyeron pero reversaron su decisión por petición del presidente de la República, quien requería el respaldo ‘petrista’ para reelegirse. Del tribunal de la Judicatura ni hablemos.

Y del fiscal Montealegre sí que vale la pena evaluar muchísimas cosas. Tiene totalmente politizada la justicia. Declarar que las Farc no han cometido delitos de lesa humanidad y que deben ser castigadas con ‘trabajo social’ para insertarlas en la vida social es todo un acervo de propuestas indignas de nuestra legislación y de los compromisos adquiridos internacionalmente.

No reconocer como crimen de lesa humanidad el de Álvaro Gómez Hurtado es sospechosamente desconsolador.

Esa actitud habló de crear un tribunal de aforados en reemplazo de la penosa Comisión de Acusaciones del Congreso, al llamar al poder judicial a protestar solo ser él uno de los aforados, fue terrible, pero logró su cometido, pues ese tribunal funcionará sin dientes y sin pena ni gloria.

Allá ellos, por tener este país arrodillado y abochornado, sin que muchos puedan decir algo por tener la boca llena.

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