Quizá la génesis de los graves problemas que ha atravesado históricamente nuestra nación está en que jamás se pudo dar solución a los temas del agro; por el contrario, la inequitativa distribución de la tierra, los abusos de terratenientes , la falta de proyectos agroindustriales integrados y articulados, la ausencia de investigación y desarrollo, el abuso desmedido de los actores del conflicto y la ausencia del Estado en la protección de derechos básicos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que son los que históricamente han tenido una vinculación directa en el cultivo de la tierra, han sido detonantes para que se mantenga esta situación de descontento, pobreza y subdesarrollo de este sector vital para la supervivencia de todos.
El problema es estructural y requiere soluciones de fondo, con una política de estado de largo plazo y soluciones concretas en los territorios para los miles de hombres y mujeres que se dedican al agro, y es que está de por medio nada menos que la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el manejo de un recurso como el agua, factores determinantes en la vida de la especie humana.
Es necesario revisar los TLC para impulsar de manera seria y decidida políticas que nos beneficien en transferencia tecnológica y búsqueda de mercados, una política agroindustrial con transformación y valor agregado, programas de investigación, innovación y emprendimiento en el sector, políticas de beneficios y reivindicación de derechos para las comunidades afectadas, análisis de la relación campo ciudad armonizando las bioregiones y la definición de una política minero energética incluyente, sostenible y sustentable.
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