Los agentes del Estado del orden legislativo y ejecutivo, mucho más por este último, han venido entregando entidades o negocios operacionales a particulares que garantizan un préstamo eficiente de los servicios públicos, pero que al final pésimo negocio para el Estado.
Tal es el caso del servicio de aseo y recolección de basuras en Bogotá, operado por 4 empresas que por las 176.000 toneladas mes generan un movimiento de 144.000 millones al año, recursos generados por la disposición final de las basuras, sin separar los residuos aprovechables, acortando así la vida del relleno sanitario.
Hoy el alcalde Petro debe cumplir las órdenes de la Corte Constitucional que ordenó incluir a los recicladores en igualdad de condiciones frente a los operadores del servicio de aseo, le cae al Mandatario la oportunidad de organizar una licitación con sentido social y corregir la recuperación de recursos a favor del Distrito.
Caso similar, no por orden constitucional, sino por vencimiento de contrato, tiene el Gobernador del Valle, que frente a una decisión de entregar de nuevo la captación de recursos de tránsito y transporte, ha decidido que lo retome el Departamento, que en cálculos tímidos sería del orden de los $30.000 millones.
Esperamos la sensatez de quienes se han beneficiado de ese negocio durante 10 años, que faciliten el proceso y no sean un obstáculo, con razones jurídicas que impidan recuperar las finanzas del Departamento.
El estado crítico en que se encuentran las finanzas obliga al Gobernador a actuar con celeridad. Aquí se requiere el sincero acompañamiento de otras instituciones en defensa de intereses generales y no de los intereses de particulares que se benefician de recursos públicos, en este caso de dineros captados a través del Centro de Diagnóstico Automotor.
*Senador de la República
Comments
Fin de los artículos
No hay más artículos para cargar

