La reciente declaración del Estado de Conmoción Interior por la crisis en el Catatumbo es una señal alarmante de la grave situación de orden público que atraviesa el país. Un retroceso evidente. Sin embargo, lo que sucede en Norte de Santander no es un caso aislado. Según la Defensoría del Pueblo, hay al menos once focos de emergencia humanitaria activos en el territorio nacional, donde el desplazamiento, el confinamiento forzado y la presencia de grupos armados ilegales han sumido a miles de colombianos en el miedo y la incertidumbre constante.

La crisis no es nueva, pero se agrava con el tiempo. Atentados y el asesinato de líderes sociales se han convertido en una trágica rutina. El llamado de los gobernadores al Gobierno Nacional durante la reciente Cumbre de Gobernadores en Villa de Leyva no es un capricho ni un gesto de oposición política. Es la expresión de una realidad que golpea con dureza a los territorios y a su gente y que exige acciones inmediatas. Chocó, Nariño, Cauca, Arauca, Meta y el Valle del Cauca están en peligro de convertirse en nuevos Catatumbos, porque la ausencia del Estado y del orden han permitido que la violencia se apodere de la población.

El caso del Valle del Cauca es doloroso. Con más de diez grupos armados ilegales operando en el departamento, la gobernadora hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para evitar que la violencia continúe escalando. No podemos esperar a que la crisis alcance niveles insostenibles para actuar. Lo mismo ocurre en Chocó, donde la violencia ha obligado al confinamiento de 2.000 familias en el marco de un paro armado del ELN. Estas cifras representan vidas afectadas por la inacción del Estado.

El Gobierno Nacional insiste en una política de “paz total” que, hasta ahora, no ha dado resultados. Mientras se negocia con unos grupos armados, otros se fortalecen y extienden su control territorial. La seguridad de los colombianos no puede ser una apuesta ideológica, sino una prioridad absoluta. La respuesta del Estado no puede limitarse a discursos o medidas reactivas cuando ya es tarde; se requieren acciones integrales y preventivas. Si no se hace nada, ¿cómo podremos ver a la cara a las más de 60.000 personas desplazadas en el último año?

En Catatumbo, la crisis humanitaria obligó a huir a más de 53.000 personas. La militarización por sí sola no es la solución, pero tampoco lo es la inacción disfrazada de negociación. Se requiere una estrategia equilibrada, donde la fuerza pública tenga el respaldo necesario para enfrentar a los grupos criminales y, al mismo tiempo, se generen oportunidades económicas y sociales para las comunidades.

Es hora de dejar atrás la retórica y pasar a la acción. Los departamentos no pueden seguir sumidos en la violencia mientras el Gobierno se enfrasca en debates estériles. Si no se toman medidas ahora, pronto no habrá territorio que no se asemeje al Catatumbo.

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