Para los que dicen estar confundidos, temerosos y les parece la situación actual muy compleja, debo decirles que nunca habían estado tan claras y diáfanas las circunstancias creadas por la cartilla petrista para generar caos a lo largo y ancho del país.

Ya los analistas internacionales tipifican cómo el país se hunde a pasos agigantados en los preámbulos de un proceso de disolución estructural.

El proyecto de la paz total ha sido el instrumento utilizado por el presidente Petro para expandir el poder de los grupos armados del narcotráfico, garantizándoles movilidad hasta el punto de ejercer gobernanzas criminales en 400 municipios del país y un poder de desestabilización orgánica en los departamentos.

Así las cosas todas las argucias montadas desde la campaña presidencial han operado de manera implacable como escaramuzas para liquidar las instituciones y lo más grave, para fragilizar el ejercicio institucional de alcaldes y gobernadores.

La toma del poder, con todas las emboscadas que ha tendido el Presidente mediante los diversos ciclos de purgas políticas al interior de su gabinete, han ido configurando un camino para que la única línea de salvamento y con verdadero impacto político para contrarrestar el discurso golpista, sean definitivamente los mandatarios municipales y seccionales.

Las casi casi  300.000 hectáreas sembradas de coca tienen cercados a los poderes territoriales.

Pareciera que nos encontramos en la edad media, cuando el miedo a las tribus invasoras obligaba a las aldeas a construir muros y terraplenes para evitar que los invasores se tomaran el poder.

Implacablemente, la oscura realidad, dicta unas reglas que poco a poco, con el respaldo de la tecnología, han triplicado la eficiencia de cada hectárea sembrada.

Los señores de la guerra, de nuevo como en la edad media, se multiplican y se dividen en muchas disidencias, superando las tres que sirvieron de respaldo a Petro cuando inició el proceso de paz total, que como ya es verdad sabida, no ha sido otra cosa que la inmovilización táctica y estratégica de nuestras fuerzas militares para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, que con la economía del narcotráfico, selló el Presidente cuando era solo un candidato presidencial.

Este 2025 ha sido el del aprendizaje y consolidación de ese proyecto que ha estado magnificado por el reposicionamiento del terrorismo que ha estallado en nuestro departamento, que lo sigue haciendo en el Cauca, en Nariño, en los Llanos Orientales, en el Catatumbo y se reactiva esta semana en Antioquia, dónde, como hace 30 años, estallaron una mula cargada de explosivos.

Los mensajes y los trinos del Presidente, van dirigidos al debilitamiento de los poderes territoriales, como acompañamiento de su agenda nacional para deslegitimar la competencia de los poderes públicos, mediante consignas autocráticas que se suman a la situación de abandono y humillación a que tiene sometidos a los alcaldes y gobernadores, siguiendo, disciplinadamente, el mecanismo “chavista”, que borró uno a uno a los gobernantes locales que se opusieron a su proyecto hegemónico, exiliando a unos y encarcelando a los otros.

El análisis de la correlación de fuerzas nos indica que uno de los últimos recursos que quedan para contrarrestar la iniciativa petrista es la creación de aparatos políticos liderados por los mandatarios seccionales para que sean ellos los que convoquen a  los diversos  sectores del país a iniciar una agenda propia que se oponga a la fragmentación de la unidad territorial que puede llevar a la desaparición de la unidad nacional.

El 2026 debe privilegiar esta agenda de los mandatarios seccionales, para que el caos creado por Petro no vaya a dar lugar a declarar un estado de conmoción y suspender las selecciones o si es derrotado, tal como lo está anunciando desde ahora, poniendo en juego la legitimidad de la Registraduría, el caos  le permitirá desconocer el resultado electoral, bajo el ritmo y el compás de la muletilla que ya puso a circular el nuevo Rasputín Criollo, el pastor Alfredo Saade, que funge como jefe de despacho, quien ha sentenciado que Petro debe permanecer 20 años en el poder.