El objetivo de la libre competencia en una economía es ofrecerle a los consumidores mejores productos y a buenos precios. La semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó las sanciones a Familia, Kimberly , Papeles Nacionales y Papeles de Risaralda por haber manipulado los precios de sus productos poniéndose de acuerdo para subirlos a su conveniencia.
Ahora resulta que también Carvajal, Kimberly y Scribe habrían hecho lo mismo con los cuadernos. A estas dos recientes historias tenemos que sumar los carteles del azúcar, el arroz y el cemento denunciados por la entidad. Los carteles les permiten a las empresas poner precios un 30% superior a los reales generando cuantiosas utilidades en perjuicio de los consumidores.
Cualquier calificativo para estas conductas me resulta poco; son antiéticas, corruptas, vergonzosas. Lo paradójico es que cuando se entra a las páginas web de todas estas compañías su discurso sobre la responsabilidad social conmueve. Lobos con piel de ovejas. No faltarán quienes salgan a defenderlas argumentando que las sanciones ponen en peligro su estabilidad financiera y por lo tanto la generación de empleo. Error, quitarles 70 mil millones de pesos no es nada si se comparan con los billones de utilidades que les generó la cartelización durante 14 años. Estos carteles afectaron el bolsillo de más de 21 millones de colombianos.
Un pecado capital si se tiene en cuenta el nivel de pobreza de nuestro país. Con estas actuaciones lejos estamos de salir de las tristes listas de países más inequitativos. La desigualdad tiene su raíz en una larga historia de sociedades elitistas con modelos económicos excluyentes. Estos carteles son la evidencia más atroz de la descomposición de nuestra sociedad en la que ningún sector parece estar libre de pecado.
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