Ahora que anuncian acabar con tantas leyes obsoletas que rigen en Colombia, con gratitud recuerdo al magistrado Mauricio Valencia que con sus clases de Derecho en la Universidad Santiago de Cali, jocosamente hace cuatro décadas nos abría los ojos a los primíparos sobre los artículos del Código Civil, que hablan de las abejas que anidan en el árbol de la finca vecina o de las gallinas que ponen sus huevos en corral ajeno. El ilustre payanés preparó una gama de buenos abogados que en el ejercicio de la Litis nunca echan mano de esos artículos que don Andrés Bello, autor del Código Civil, quiso dejar como huella literaria en aquella Colombia agrícola del siglo XIX. Pero hay catedráticos que impúdicamente enseñan normas obsoletas a las generaciones de futuros abogados.
Que el Código Civil todavía contenga algunos artículos de museo no es la real amenaza para la convivencia ciudadana, sino aquellas leyes nuevas ambiguas que aplican a su amaño los dueños del poder y que elijamos congresistas que al momento de aprobar a rajatabla más leyes les ponen los ‘micos’ que guardan bajo manga. Por eso quiero pedirle al comité de depuración y racionalización del ordenamiento jurídico del Estado, nombrado por el Ministerio de Justicia, que revise cómo están aplicando aquellas normas, como la Ley 715 de 2001, que se prestan para hacerlo al amaño y favorecer intereses particulares. Esa ley ordena que el Estado contrate la ampliación de cobertura educativa con el sector privado, sólo para atender esas poblaciones que la Administración Municipal no cubre. En Cali sigue la contratación privada de la ampliación de cobertura, mientras hay 600 maestros nombrados sin carga y las aulas oficiales están vacías. Lo obsoleto no es el peligro.
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