Ley del embudo

Aún recuerdo el acto en donde un funcionario público en Buenaventura fue detenido y privado de su libertad por la “bonapartista” decisión del para entonces presidente Uribe, sin fórmula de juicio y arrogándose facultades judiciales, que por supuesto no tenía, por tratarse del jefe del ejecutivo y no de una autoridad jurisdiccional, como correspondería frente a una decisión tan importante, en donde se compromete la libertad de una persona.

Desde luego, esta detención ilegal y trasmitida con fruición por las cadenas de televisión nacional afectas al expresidente, fue revisada y abrogada por un juez competente como debía de ser. En la retina quedó para muchos un adalid de la justicia que no le temblaba la mano para “enguandocar” a los delincuentes, así el “pobre funcionario” viva fresco como una lechuga y sin los problemas judiciales que hoy le amargan la vida al ex presidente.

Por fortuna estas prácticas desaparecieron, junto con otras más siniestras que han sido objeto de raudales de tinta derramada en la conciencia ciudadana y no pocas reposan en copiosos expedientes judiciales, a espera de decisiones aleccionadoras.  Los colombianos conocen y aceptan que existen unas autoridades judiciales a las que no se les puede usurpar, menos desconocer, aún cuando estas profieran decisiones que les afecten adversamente; la oportunidad para contradecirlas es dentro del proceso legal.

Resulta inadmisible, apostarle a la desinstitucionalización de un país, impactando su aparato de justicia e intentar deslegitimar sus decisiones apelando a argumentos “ad hominem”. Y más desconcierta cuando estos ataques provienen de un sector que gobernó y encarnó la dignidad de la República durante toda una década.

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